Esta mañana el presidente Gabriel Boric presentó un Proyecto de Ley que busca limitar estrictamente los funerales de alto riesgo, también conocidos como “narco funerales”.
La iniciativa que contó con las firmas de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social asociados a estos funerales de riesgo.
“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades, por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos”, manifestó el mandatario durante la ceremonia.
Detalles del Proyecto de Ley
Limitación de las condiciones para llevar a cabo los narco funerales: Se propone que la ceremonia o acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será la sepultura o cremación del fallecido y restringe la cantidad de personas que podrán asistir. Esto permitirá acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público.
Reducción del tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas: Permitirá optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales, y así puedan dedicarse a otras tareas prioritarias para el resguardo de la seguridad, maximizando la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
El delegado/a presidencial Regional respectivo se encargará de resolver si se trata de un funeral de riesgo (o narco funeral), en base a un informe de Carabineros de Chile que determinará el nivel de riesgo del funeral de acuerdo a las siguientes variables: antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y cantidad de familiares directos con registros delictivos. Estas variables y la escala de riesgo quedarán establecidas en un reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.