Los Gallegos | Corte de Apelaciones de Arica ordena mantener identidades de testigos en reserva y designa nuevo juez

La Corte ordenó una nueva audiencia, la cual deberá realizar un juez no inhabilitado en la causa abierta contra los integrantes del brazo operativo del Tren de Aragua. 

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La Corte de Arica acogió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Dirección Regional de Gendarmería, por juez que autorizó revelar las identidades de los testigos protegidos en el caso Los Gallegos.

Asimismo, la Corte ordenó una nueva audiencia, la cual deberá realizar un juez no inhabilitado en la causa abierta contra los integrantes del brazo operativo del Tren de Aragua. 

Según indica el falló, “la causa al estado que se realice, por juez no inhabilitado, la audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas, debiendo citarse a todos los intervinientes que deban concurrir a la misma”.

La decisión del organismo se da luego que, el 13 de septiembre pasado, el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, resolvió que se podía acceder a la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra la causa Los Gallegos.

Por ello, según el criterio del tribunal de alzada nortino, se consideró que el juez Barraza vulnera el principio de la bilateralidad de la audiencia y el debido proceso al no dejar comparecer a dos intervinientes: el Ministerio Público y al Ministerio del Interior como parte querellante.

Por su parte, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal de oficio para determinar si se cometieron delitos relacionados con la entrega de información confidencial. Mientras que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica, instruyó una investigación administrativa contra el juez.

Cabe mencionar que, a fines de junio, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica solicitó 11 penas de presidio perpetuo contra 44 miembros de la organización criminal. El ente persecutor acusa a dichos integrantes de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.