Ministro Marcel envió proyecto de ley para otorgar nuevo subsidio para la adquisición de viviendas

El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que “es importante destacar que junto con apoyar a sectores de la clase media para la adquisición de una vivienda nueva, esta iniciativa también busca hacerse cargo del stock de viviendas construidas”.

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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, presentaron una iniciativa que busca facilitar la compra de viviendas y  propiciar el dinamismo del sector construcción.

Este proyecto de ley que fue parte de los anuncios mencionados durante la presentación del Estado de la Hacienda Pública trata de un subsidio para quienes adquieran viviendas nuevas.

El beneficio se otorgará a través de un crédito tributario reembolsable rebaja del Impuesto Global Complementario con derecho a devolución de hasta 16 UTM equivalente a $1.000.000 durante cinco años, lo que significa un monto total de apoyo de $5.000.000 por contribuyente.

La iniciativa fue enviada al Congreso el pasado lunes 16 de octubre. El ministro Marcel señaló que “es importante destacar que junto con apoyar a sectores de la clase media para la adquisición de una vivienda nueva”.

“También busca hacerse cargo del stock de viviendas construidas que hoy alcanza las 50 mil y que de alguna manera está siendo un obstáculo, una limitación, para el inicio de nuevas inversiones en viviendas habitacionales”, recalcó la autoridad.

Además, el secretario de Estado agregó que el objetivo es dinamizar a este sector en un momento relevante, “la economía ya ha ido completando el ajuste que tenía que experimentar, comienza a reactivarse, pero el sector de la construcción se está incorporando con rezago debido a que ha sido golpeado por varios factores simultáneos: acceso al crédito, acceso al financiamiento, costos de materiales y otros factores”. 

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes señaló que esta iniciativa ayuda a los sectores medios al acceso de la vivienda, “con esto lo que ocurre es que la industria de la construcción se mueve, hay más inversión, hay más proyectos, aporta a la reactivación, además de aportar a la familias que no tienen vivienda y eso algo muy valorable, porque estamos en un Plan de Emergencia Habitacional”.

“De hecho, en el informe de septiembre ya llegamos a 79,463 viviendas terminadas, lo cual representa el 30,6% de la meta que tenemos para los cuatro años, tenemos también 129 mil viviendas en ejecución y tenemos 67 mil en condiciones de entrar en cualquier momento a proceso de producción”. Afirmó Montes.

Desde el sector privado, el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña, valoró la propuesta del Gobierno “es una iniciativa que va en la línea correcta en relación al trabajo de colaboración público-privado que estamos impulsando para reactivar la economía”. 

Vicuña agregó que “actualmente tenemos en stock cerca de 113.000 viviendas que están disponibles para la venta. Este incentivo, es un avance para que las personas puedan tomar la decisión de compra y, de esa manera, reactivar la economía, empujar nuevos proyectos que repongan estos stocks”. 

“Son varios los actores que deben activarse para volver a crecer: Hacienda y Vivienda están haciendo su parte, los empresarios del sector también y falta fortalecer el tema del financiamiento para cerrar el círculo”, sostuvo el presidente de la CChC.

Detalles del proyecto de ley 

El proyecto contempla que todas las personas podrán acceder al subsidio si cumple con el requisito de comprar una vivienda que se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

También podrán incorporarse a este beneficio aquellas viviendas que a la misma fecha no cuenten con recepción final, pero si exista un contrato de promesa de compraventa posterior a octubre de 2023. 

La compraventa debe efectuarse a partir de la entrada en vigencia de la ley, y que la vivienda adquirida debe estar inscrita a nombre de la persona en el Conservador de Bienes Raíces respectivo antes del 01 de julio de 2024.

El costo fiscal estimado de este beneficio es de $32.000 millones al año entre 2025 y 2029, mientras que llegaría a $5.000 millones en 2024 en el caso de contribuyentes que hayan alcanzado a utilizar el beneficio tributario durante noviembre y diciembre de 2023.