En 2020 se reveló que un carabinero se infiltró en la población Lo Hermida de Peñalolén, región Metropolitana, suplantando la identidad de un joven de la comuna de Alto Hospicio, quien denunció haber sido víctima de dicho delito y que la institución policial habría usado su nombre para crear la segunda identidad del uniformado.
En dicha ocasión, la denuncia fue dada a conocer por Radio Paulina, señalando que Giovanni Arévalo en realidad es un joven de 21 años de Alto Hospicio y que se dedica a la música.
Giovanni Arévalo indicó que había perdido su cédula de identidad durante una detención en marzo de 2020, siete meses después se enteró que sus datos eran utilizados por un policía encubierto cuyo verdadero nombre es Óscar Cifuentes Salgado.
Por eso, el joven presentó una denuncia y la fiscalía de Alto Hospicio se hizo cargo del caso. De acuerdo con los antecedentes registrados en una investigación reservada, a los que tuvo acceso el medio Ciper, Carabineros y el Servicio de Registro Civil entregaron versiones discordantes y ninguno de los dos organismos reconoció responsabilidades. Es más, se culparon mutuamente.
La fiscalía, al final, cerró el caso sin establecer responsabilidades por la suplantación de un ciudadano cuyo nombre fue utilizado en una operación de inteligencia que pudo haber generado un ataque a una unidad policial.
El abogado querellante, Enzo Morales, indicó que “lo último que obtuvimos, con mucha vergüenza y preocupación, es que la Fiscalía local, dirigida por la fiscal Virginia Aravena, archivó el caso sin responsables y sin hacer las diligencias necesarias para agotar la investigación”.
“Hay antecedentes suficientes para formalizar a los funcionarios que usurparon la identidad de Giovanni Arévalo. (…) A los fiscales les interesan casos que promuevan su imagen personal para mañana llegar a ser fiscales regionales. Por eso, a este caso no le dieron ninguna prioridad (…) en Alto Hospicio hay una sola comisaría. La Fiscalía trabaja codo a codo con ellos. Entonces, quisieron ser deferentes con ellos, mantener las buenas relaciones”, agregó el jurista.
Respecto a las versiones disímiles de los organismos públicos, Morales señaló que “se utilizó la identidad real de una persona viva sin cumplir el estatuto jurídico de la Ley de Inteligencia. El Registro Civil tiene una serie de RUT reservados para esas funciones que están en coordinación con órganos policiales. En ningún caso pueden, ni ninguna institución pública, utilizar la identidad de un ciudadano real”.
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