Venezuela niega crímenes de lesa humanidad y habla de “un puñado de incidentes”

El ministro venezolano de Exteriores, Yvan Gil, instó al tribunal a usar sus recursos para casos como “la indecible conflagración de violencia” en Gaza.

En una intervención tras dos días de audiencias en La Haya, en las que Caracas buscó frenar la investigación de la CPI, el ministro dijo que la justicia nacional ya lleva a cabo sus propios procesos.

Según aseveró, hasta hoy “más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados” por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos que son interés” de la CPI y su fiscal Karim Khan.

“En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos”, agregó.

En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron en crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En abril del año pasado, Venezuela pidió diferir las investigaciones de Khan a favor de las autoridades nacionales, quienes seguirán buscando pesquisas en este caso.

Sin embargo, en noviembre Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que le autorice a reanudar esa investigación porque Caracas no estaba haciendo lo suficiente para investigar esos crímenes e imputar a altos cargos.

Tras meses de intercambio de réplicas, la Sala autorizó en junio retomar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.

Caracas recurrió esa decisión y aseguró que ya está investigando por su cuenta, y la CPI escuchó esta semana los argumentos de las partes en este sentido.

“Puñado de incidentes”

Gil consideró que la remisión de este caso respondió “a un claro objetivo político” y busca “utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

Según su versión, se han “promovido y apoyado diversas acciones desde el extranjero” contra Venezuela, con “reiteradas manifestaciones de violencia callejera, intentos de golpes de Estado, e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro”, y, aseguró, Caracas “se vio forzada a actuar con herramientas que permite el derecho internacional, para garantizar la vigencia de la Constitución” y “evitar una guerra civil”.

“Evidentemente la magnitud e intensidad de las acciones de violencia (…) pudieron dar lugar a incidentes aislados de exceso por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad”, advirtió.

Ratificó el “compromiso inquebrantable” de Venezuela con la CPI y aseguró que, a lo largo de todo el proceso desde 2018, Caracas compartió con la fiscalía “alrededor de 30.000 folios de documentos de diversa índole, incluyendo expedientes judiciales que dan cuenta del sostenido y productivo esfuerzo del sistema de justicia de Venezuela para investigar y sancionar los hechos ocurridos desde el año 2014”.

El ministro también señaló que los casos resueltos por la justicia venezolana “superan con creces” las condenas en la CPI en sus veinte años de historia, “una realidad inobjetable” que demuestra, dijo, que su país “es el mejor situado para garantizar la justicia” porque sus investigadores “tienen acceso directo a las pruebas y a los testigos”, y la justicia local “tiene más resonancia y garantiza la disuasión”.

“Además, en un momento en el que asistimos a una indecible conflagración de violencia en Gaza, hay que preguntarse realmente si los limitados recursos de la Corte se emplean mejor invirtiendo en un puñado de incidentes en un país que está dispuesto y es capaz de hacer el trabajo por sí mismo”, defendió.

Reiteró que Venezuela “no tiene nada que esconder” y pidió “un trato justo, equilibrado y objetivo, que restablezca la legalidad quebrantada” con este proceso.

Caracas ha elegido para su representación en estas audiencias al prestigioso abogado británico Ben Emmerson, cuya lista de clientes incluye gobiernos como Chipre, Georgia y Ucrania, y figuras como el fundador de WikiLeaks Julian Assange, el expresidente catalán Carles Puigdemont, o el clérigo radical Abu Qatada.