En prisión preventiva quedaron dos hombres y dos mujeres -todos de nacionalidad boliviana- formalizados por la Fiscalía de Alto Hospicio por el delito de trata de personas, luego de que fueran detenidos gracias a una investigación realizada con la Policía de Investigaciones por dedicarse a captar y trasladar a mujeres -incluso víctimas menores de edad- desde la localidad de Riberalta, en Bolivia, hasta la comuna de Alto Hospicio para que ejercieran como camareras y en el comercio sexual.
La fiscal Camila Albarracín explicó que a comienzos de noviembre se recibió en Santiago la denuncia de una mujer quien señaló que su sobrina, de nacionalidad boliviana, había sido contactada por la imputada A.A.P. para trabajar en Alto Hospicio como camarera de un restorán, pero que al llegar a Chile habría sido obligada a ejercer la prostitución, siendo engañada y retenida en una vivienda de la comuna.
Con esta información se instruyeron una serie de diligencias a la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones con el fin de verificar la denuncia y ubicar a la víctima, logrando tomar contacto con ella luego que huyera de la casa donde se encontraba retenida. Así se logró ubicar dos domicilios en Alto Hospicio donde se ejercía el comercio sexual, detener a las imputadas A.A.P. y M.A.P. y sus parejas L.T.R. y J.Z.S., además de identificar a siete víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.
La fiscal señaló que las víctimas fueron contactadas por los imputados este año para venir a trabajar en Chile, pagándoles los gastos de traslado y acompañándolas en algunos casos en su paso por la frontera. Varias de ellas vinieron engañadas, ya que les ofrecieron trabajo de camarera en Chile, y sólo cuando llegaron país se enteraron de que debían ejercer el comercio sexual en los domicilios de Alto Hospicio. Si bien en un comienzo se resistieron al trabajo, debieron acatarlo, ya que tenían que devolverle a los imputados el dinero correspondiente a los gastos de traslado. Incluso, una de las víctimas viajó junto a sus dos hijos, los que fueron llevados por los imputados a un domicilio de Pozo Almonte, siendo amenazada que si huía o se rebelaba, no vería a sus hijos.
Además, entre las mujeres traídas desde Bolivia había dos adolescentes de 17 y 15 años de edad que también estaban ejerciendo el comercio sexual con clientes que llegaban a los domicilios señalados.
Dada la gravedad de los hechos, el juzgado acogió la solicitud de la fiscal y decretó la prisión preventiva de los cuatro imputados.