Esta semana el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, lanzaron la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Este plan de acción cuenta con un total de 210 medidas administrativas y legales orientadas a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país.
Sobre esta inédita estrategia, el ministro Elizalde señaló en el programa La Mañana por Paulina que las medidas “deben implementarse en los distintos servicios públicos con el objeto de elevar los estándares de probidad de transparencia que existen en nuestro país”.
“Esto considera medidas legislativas a través de proyectos de ley, algunos están siendo tramitados en el Congreso Nacional, otros van a ser presentados en las próximas semanas, también modificaciones de reglamento, u otras medidas administrativas, y también eh algunas medidas vinculadas a la gestión, que nos permita insisto, elevar los estándares de probidad de transparencia en cinco áreas, que son función pública, recursos públicos, transparencia, política, y sectores privados”, comentó el titular de la Segpres en la jornada del miércoles.
Respecto a las acciones que motivaron al Ejecutivo a realizar esta estrategía, la autoridad de Gobierno indicó que “han acontecido hechos de corrupción que nos indignan y que requieren, por un lado, que se llevan adelante investigaciones exitosas para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. Estos hechos no pueden quedar en impunidad, pero al mismo tiempo modernizar nuestra institucionalidad para evitar que se produzcan en el futuro”.
“En ese contexto, en este segundo esfuerzo, se expresa esta estrategia nacional, además, el presidente convocó a la llamada de la Comisión Jaraquemada que hizo una serie de propuestas para mejorar la regulación en la relación entre el estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, principalmente corporaciones y fundaciones.
Todas estas iniciativas, según Elizalde, se están implementando y hay “plazos de compromiso, algunos de corto plazo, otros de mediano plazo, y otros de largo plazo. De todas maneras, las medidas se implementan bajo el actual Gobierno. Algunas que son fáciles, que corresponden a decisiones administrativas, modificaciones de reglamento y otras que son relativamente rápidas”.
“Hay otras que corresponden a trámites legislativos y por tanto se requiere el apoyo y la aprobación del Congreso Nacional y alguna de esas propuestas están siendo actualmente discutidas en el Congreso y otras se van a presentar en la próxima semana. Pero de todas maneras hay un sentido de urgencia en esta agenda”, añadió.
En este sentido, el ministro enfatizó que “es imprescindible sacar adelante esta agenda lo antes posible y por eso hay una especie de carta gantt con un itinerario claro respecto a los plazos de implementación de todas estas medidas”.
Secreto bancario
La estrategía busca implementar un levantamiento del secreto bancario que faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) acceder de manera expedita y periódica a la información que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión. También se establece la obligación de entidades públicas de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, entre otras medidas.
Al respecto, el titular de la Segpres explicó que “el sentido de la propuesta es contar con herramientas adicionales que nos permitan enfrentar al crimen organizado, al lavado de activos, a grupos criminales que tienen prácticas mucho más sofisticadas que las que habían antes y que muchas veces obtienen el dinero o los recursos por actividades ilícitas y después tratan de blanquearlas, blanquear esos recursos, a través del lavado activo, el lavado de dinero”.
“Entonces, esta es una manera en la que justificada y autorizada por la justicia, se puede acceder a información que es muy relevante para el éxito de las investigaciones y esperamos que finalmente el Congreso Nacional apruebe esta iniciativa porque le insisto, es una muy buena herramienta que se aplique en los países desarrollados para enfrentar al crimen organizado y este tipo de delitos que son tan complejos, muchas veces investigar”, resaltó.
210 medidas para mejorar la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción
El plan de acción cuenta con un total de 210 medidas administrativas y legales orientadas a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país. De estas, Elizalde destacó algunas medidas y detalló que “en la estrategia se establecen inhabilidades para quienes se desempeñan en una función pública, por ejemplo, de fiscalización de una determinada actividad, y después pasan al sector privado”.
“Eso tiene que estar regulado porque finalmente tiene que haber un resguardo de manera tal que la autoridad pública cuando tome decisiones no tenga ningún tipo de conflicto de interés, eventualmente esté vaya a beneficiar a quien va a ser su futuro empleador. Eso se regula muy claramente el traspaso del sector público al privado y el sector privado al público”, comentó.
La autoridad indicó que “se crea un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas”, esto para saber “cuáles son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas, porque a veces se realiza, por ejemplo, un traspaso de recursos a una corporación o una determinada empresa; o una sociedad, gana una licitación y por tanto accede a recursos públicos. Pero eventualmente puede haber una persona natural que sea el dueño de esa zona jurídica, de esa sociedad, o el controlador de una corporación o fundación y que tenga un conflicto de interés y por tanto es necesario saber quién está detrás y eso se transparenta”.
En tercer lugar, se crea un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado. De manera tal que toda esa información esté en este portal único y pueda ser contrastada y pueda también ser verificada y fiscalizada por los organismos públicos correspondientes e incluso sometida a control ciudadano.
En cuarto lugar, se informa a la ciudadanía acerca de los desafíos de integridad y corrupción en el país y en quinto lugar, se establece una ficha limpia de candidatos. Una persona que va a ser candidato a cualquier cargo de elección popular, no puede tener condenas previas y particularmente condenas en casos de corrupción.
El ministro destacó que “se establece la obligación de registro de entidades públicas para reportar operaciones sospechosas de manera tal que estas instituciones estén obligadas a enviarle la información de estas operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero que cuenta con herramientas adicionales para investigar el eventual origen ilícito de los recursos. También, se moderniza la ley del lobby”.
“Se crea un oficial de cumplimiento de los servicios públicos. Cada servicio público va a tener un responsable encargado de velar, porque se cumple con toda la normativa de ética e integridad pública, se establece expresamente o certifica el delito de contabilidad falsa y el levantamiento del secreto bancario al cual usted hacía referencia, que es una herramienta muy importante para perseguir el origen ilícito del dinero, para también evitar la evasión y el la evasión y el uso fiscal, y en otros países incluso se utiliza como herramienta para investigar al crimen organizado y a grupos terroristas”, señaló la autoridad.