La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Integridad Municipal, el cual forma parte de la agenda de probidad y transparencia del Gobierno y busca entregar distintas herramientas para mejorar la probidad en dichas corporaciones. Ahora, será revisado en segundo trámite constitucional por el Senado.
En detalle, la medida crea nuevas normas para prevenir la corrupción en la función de alcaldes y concejales. Además, establece la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal, aumenta los estándares de transparencia, rendición de cuentas y aumenta las facultades de fiscalización del concejo municipal.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, explicó que “en los últimos años, la percepción de corrupción a nivel local ha aumentado, lo que se condice con el aumento de casos de municipios siendo investigados en casos de corrupción. En tal contexto, este proyecto de ley ofrece una gran oportunidad para contar con mejores estándares en integridad”.
“Este proyecto además se alinea con lo que el Gobierno ha venido impulsando: una Estrategia Nacional de Integridad Pública. Desde el 2022 se ha trabajando en esta Estrategia, la que se erige como una política pública de largo plazo en base a la prevención de la corrupción y que cuenta con cinco ejes: función pública, transparencia, recursos públicos, política y sector privado”, agregó.
Medidas para robustecer transparencia municipal
El proyecto establece que las municipalidades deben contar con un Plan de Integridad que debe ser aprobado por el concejo municipal, el que debe contener instrumentos de gestión, como un manual de prevención de delitos, una matriz de riesgo de integridad, una política anticorrupción, un código de ética, un canal de consultas y denuncias, y un mecanismo de rendición de cuentas.
Sumado a esto, la iniciativa busca fortalecer la Unidad de Control Interno de cada municipio, establecer incompatibilidades para funcionarios de exclusiva confianza del alcalde y ampliar la auditoría externa municipal, entre otras medidas. Para aquello, modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Durante la tramitación, se incorporaron recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial para regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado que fue convocada por el Presidente Gabriel Boric, las cuales fueron presentadas como indicaciones.