CDE se querella contra Karina Oliva y otros exmilitantes de Comunes por fraude de subvenciones

Los hechos denunciados apuntan a los periodos electorales del año 2021, cuando Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta.

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Este lunes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra 12 exmilitantes del partido Comunes, entre ellos Karina Oliva, excandidata a gobernadora por la región Metropolitana.

Los hechos denunciados apuntan a los periodos electorales del año 2021, cuando Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta.

A través de un comunicado, el organismo indicó que “la acción legal apunta a quienes resulten responsables por el delito de fraude de subvenciones “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la presente investigación”.

La querella fue interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y los implicados son Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva.

Según detalla el escrito, los imputados rindieron gastos de la campaña de Oliva mediante “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales”. Lo anterior tenía como fin “solicitar al Servicio Electoral de Chile (Servel) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.

En esa línea, el CDE mencionó que los involucrados “emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar”.

También, precisaron que “con la misma intención de abultar estos gastos no realizados, Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado”.

Desde el ente indicaron que en la primera y segunda vuelta electoral “hubo montos que finalmente fueron objetados y luego rechazados por el Servel al no ser justificados correctamente y, por tanto, no se habrían realizado dichos pagos”. En cuanto al perjuicio al Fisco, el CDE afirmó que se defraudaron $293.093.681, intentando defraudar además $110.000.000.

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