El Consejo de Defensa del Estado (CDE) desestimó los argumentos de la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien demandó al fisco en $190 millones tras acusar la “vulneración de sus derechos fundamentales”.
Cabe recordar que Herrera fue desvinculada tras presentar al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana que necesitaría un financiamiento de US$5 millones.
En detalle, el organismo emitió una réplica donde cuestiona duramente el actuar de la exdiplomática, quien presentó la demanda en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
En el documento, el CDE indicó que “la acción de tutela de derechos fundamentales debe ser rechazada, por cuanto si bien se solicitó la renuncia no voluntaria al cargo de embajadora, no hubo a este respecto lesión de sus derechos fundamentales, toda vez que los embajadores y ministros diplomáticos son funcionarios de exclusiva confianza sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República”.
Además, agregó que “mientras se desempeñó como embajadora, no hubo conductas por parte de la demandada que puedan ser calificadas de atentatorias de las garantías que se dicen amagadas”.
“En consecuencia, las acusaciones contenidas en el libelo de la actora no son efectivas ni satisfacen el estándar mínimo para ser indiciarias, por lo que la acción deberá ser rechazada en todas sus partes, con costas”, sostuvo.
El Consejo de Defensa del Estado negó que la Cancillería haya incurrido en “actos u omisiones atentatorios del derecho a la integridad física o psíquica de la denunciante o que hayan afectado la honra y prestigio de la misma”.
También, el CDE aseguró que el ministerio de Relaciones Exteriores se enteró del proyecto presentado por Herrera al GORE del Biobío, “una vez que esa misiva ya había sido enviada a la autoridad regional, habiendo sido meramente notificada dicha Secretaría de Estado de este hecho, sin mediar una solicitud de autorización para llevar a cabo este acercamiento”.
Ante esto, el órgano cuestionó una “actitud renuente con la autoridad a nivel central y que se manifestó durante el período en que ejerció funciones como embajadora”.
Por último, señaló que mientras aún mantenía la investidura de embajadora, Herrera “decidió sin consultar previamente ni pedir autorización a autoridad alguna del Ministerio de Relaciones Exteriores participar en una entrevista” en donde “se pronunció sobre situaciones relacionadas con el clima laboral existente en la Embajada de Chile en el Reino Unido, el proyecto Living Labs y los aspectos vinculados con su renuncia”.