El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió a la controversia que se ha generado en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas de la represión durante el estallido social, especialmente a aquellos con antecedentes penales.
La autoridad abordó el tema, luego de que se conociera que Andrés Fuica Fuica, condenado por saquear un supermercado en octubre de 2019, es uno de los beneficiarios de las 418 personas compensadas por hechos de violencia cometidos por agentes del Estado.
Al respecto, el ministro del Interior (s) informó que del total de beneficiados desde el 2022, cerca de 40 han sido condenados por distintos delitos, alguno de estos cometidos durante el estallido social.
Asimismo, reiteró que tanto el Gobierno anterior como el actual respetaron lo establecido en la glosa presupuestaria, que no exigía revisar antecedentes penales para la entrega de pensiones de gracia.
No obstante, la autoridad reconoció las falencias del procedimiento y confirmó la intención del Ejecutivo de promover una nueva ley para regular este beneficio, junto con la revisión de antecedentes penales como medida razonable y necesaria.
“Nos parece que ese procedimiento evidentemente, tiene falencias y que, por tanto, es razonable y necesario que la autoridad pida los antecedentes penales primero”, dijo.
Monsalve también adelantó que presentarán “una indicación a un conjunto de mociones parlamentarias que están en la Cámara, indicación del Gobierno para establecer por ley la obligación de, previo a entregar una pensión de Gracias, tener a la vista los antecedentes penales de la persona”.
En cuanto a la posible revocación del beneficio, el ministro (s) anunció que se ingresará una moción “para entregarle una facultad a la autoridad política para revocar este beneficio cuando la persona incurra en conductas que justifiquen revocar el beneficio”.