En esta jornada el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó para Cathy Barriga, arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con imputados y testigos.
El juez Hugo Salgado acogió los argumentos de la defensa y rechazó la petición de la Fiscalía Oriente, que era la prisión preventiva para Barriga. Además estableció 120 días para la investigación
El juez Salgado señaló que Cathy Barriga no podría ser un peligro para la sociedad y que no existe la posibilidad que pueda cometer nuevos delitos. En relación al peligro de fuga afirmó “que no puedo desconocer que doña Cathy ha comparecido voluntariamente a las audiencias” y “hay un interés real por aclarar bien los hechos”.
En la misma línea, el juez agregó que Barriga por tener dos hijos que son niños, consideró que no es recomendable darle la prisión preventiva por lo extenso que es la investigación, pero que eso puede cambiar en el futuro.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic señaló que “a propósito de las medidas cautelares que no son las que nosotros habíamos solicitado, hay alguna suerte de decepción porque pensábamos que el tribunal podría determinar una medida que demostrará la ciudadanía que la corrupción es castigada de la misma manera, sin importar de donde venga”.
“La sensación que a mi me queda como alcalde, quizás como a muchos ciudadanos del país es que lamentablemente a veces se da un trato distinto y hay una justicia poderosa y hay otra justicia para gente común y corriente”, agregó Vodanovic.
Además, en la formalización se decretó también las medidas Cautelares para Ana María Cortés, quien fue la Secretaria de Planificación del municipio, la cual quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
En concreto, a la exalcaldesa Barriga se la acusa de que habría falsificado los datos del balance de la rendición de cuentas del año 2020 y de haber cometido una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en varios miles de millones de pesos.
También, se le acusa de instalar una “gobernanza fraudulenta” en el municipio y causar un perjuicio a su patrimonio de, al menos, $30.622.935.635, por una serie de delitos cometidos entre 2016 y 2021.