Por no alcanzar los votos requeridos para su aprobación, el miércoles 24 de enero, la Sala desestimó legislar sobre el proyecto en primer trámite, que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad.
Cabe recordar que, en la primera jornada de debate, la iniciativa generó una intensa discusión, por un lado, se sostuvo que beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos que no han mostrado arrepentimiento.
Además se afirmó que resulta una iniciativa incomprensible tras los 50 años del golpe militar ya que revictimiza a familiares de detenidos desaparecidos y a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos y no distingue entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores.
En la otra vereda, la propuesta que tuvo su origen en una moción de los senadores Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique Van Rysselberghe señalaba que diversos tratados y organizaciones internacionales han establecido la obligación de un trato digno y humano para los privados de libertad en general, y respecto de los adultos mayores en especial.
En lo fundamental, el proyecto regulaba el beneficio y modificaba el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica.
El senador Francisco Chahuán, integrante de la instancia especializada, fue el encargado de dar cuenta de la iniciativa y afirmó que lo que buscaban era compatibilizar la normativa actual con los compromisos y acuerdos internacionales en materia de derechos de personas adultas mayores.