La Fiscalía anunció este viernes que investigará el proceso de entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social de 2019, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) concluyera que hubo una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio.
El ente fiscalizador levantó las alertas el jueves tras detectar varias falencias, por ejemplo, que faltaba información médica, y que al menos 58 de los actuales 419 beneficiarios contaban con antecedentes por delitos graves como homicidio, abuso sexual y producción de material pornográfico infantil.
A través de un comunicado, el Ministerio Público indicó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio “con el fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”.
Para esto, Valencia designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para asumir la indagatoria.
“Dentro de los delitos que podrían configurarse, dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares, se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal”, indica el texto.
La Fiscalía detalló que la investigación “debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”.