La Fiscalía Nacional confirmó que se sumará al recurso de apelación presentado por Gendarmería de Chile, tras la decisión del juez Daniel Urrutia de permitir a cuatro presos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) realizar videollamadas con externos no autorizados.
A través de un comunicado publicado a través de sus redes sociales, el Ministerio Público planteó que esperan la revocación de la decisión del juez Urrutia sobre la autorización de videollamadas para reos del Tren de Aragua.
En el texto, indicaron que la Fiscalía Nacional “ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho”. Desde el Ministerio Público, indicaron que esperan “lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.
Cabe mencionar que en esta jornada, el fiscal nacional (s), Héctor Barros, se refirió a la decisión del juez Daniel Urrutia de permitir que reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) realizaran videollamadas con externos.
El persecutor manifestó su preocupación por la determinación del juez, señalando que “es una resolución muy compleja” por lo complejo de los imputados. Barros dijo que también es “complejo para las víctimas en este tipo de delitos saber que se está autorizando este tipo de medidas”
“Por eso es que para nosotros es fundamental, y creemos firmemente en que la Corte va a revertir esta situación cuando tenga que conocer el fondo. Hay un procedimiento que todos los chilenos tenemos que cumplir para efecto de hacer una visita de cárcel, es un enrolamiento previo en género de medidas, acreditando la entidad, y en este caso ese proceso administrativo no se está cumpliendo con esta resolución”, agregó.
Respecto al actuar de la Fiscalía por esta situación, el persecutor señaló que el Ministerio Público “está en coordinación con Gendarmería de Chile, quien es el titular en este caso de la acción, que es el recurso de apelación que se interpuso, y evaluamos también hacernos parte una vez que la Corte resuelva el recurso de hecho que fue interpuesto por el propio Gendarmería”.
Consultado si hay más solicitudes en otros centros penitenciarios que sean de similares características a la del juez Urrutia, el fiscal nacional admitió no tener conocimiento de otra petición igual y explicó que “por lo general, cuando se hacen estas peticiones son rechazadas por los jueces de garantía, dado el perfil criminológico que tienen los imputados, sobre todo en este tipo de delitos que estamos hablando de criminalidad organizada”.
“No estamos hablando de delitos sencillos, sino que de delitos complejos, y además muy complejos sobre todo porque tenemos que hacernos cargo de la protección de las víctimas y testigos en este tipo de hechos”, añadió.
“Todas las organizaciones son siempre un peligro no sólo para los privados o las víctimas, sino que también para los que somos funcionarios públicos, por lo tanto eso hay que tenerlo siempre presente y siempre hay que estar tomando las medidas de seguridad necesarias y el Estado en su conjunto también tiene que hacerse cargo de proteger a aquellos funcionarios públicos que están en contacto con estas organizaciones, uno, para no ser víctima de ellos y dos, para que tampoco puedan corromper a las instituciones públicas de este tipo de organización”, dijo el persecutor.
Sobre si iniciarán una investigación en contra del juez Urrutia, Barros señaló primero se debe resolver “la situación que es para nosotros la más relevante y más urgente que tiene que ver con que se revierta la resolución de él en términos en que no se permita hacer este tipo de videoconferencias con los imputados, sino que se haga por los canales que tiene regulado en este caso Gendarmería en sus reglamentos”.
