El gobierno ingresó a Contraloría, para su toma de razón, 24 escritos pendientes para revocar las polémicas pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social.
Específicamente, la noche de este lunes se ingresaron 24 nuevos casos a trámite, los que se suman al único que estaba siendo tramitado hasta ahora por el órgano fiscalizador.
Actualmente se encuentran en revisión los documentos de 25 beneficiados del total de 27 que el Ejecutivo anunció que iba a revocar.
El proceso lo está realizando el Ministerio del Interior en medio de las críticas que apuntaban precisamente a la falta de celeridad en un proceso que el Presidente Boric había indicado que iba a dejar zanjado a inicios de febrero.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha aclarado quiénes son los beneficiarios a los que —de pasar por toma de razón del organismo fiscalizador— se les revocarán las pensiones.
Según fuentes del Palacio de La Moneda, este corresponde a un proceso que recayó en el Ministerio del Interior y que —a juicio de La Moneda— se retrasó por los incendios que azotaron la región de Valparaíso.
Cabe precisar que la presión respecto a las revocaciones surgió tras un informe de la Contraloría General de la República en el que se revelaban graves falencias en la asignación de las pensiones de gracia a víctimas del estallido social ya que se informó que 58 de los beneficiados cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos y hasta un condenado por pornografía infantil.
