El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a las implicancias que tiene para la seguridad carcelaria del país y para la sociedad el permitir que reos de alta peligrosidad tengan contacto con el mundo exterior.
Lo anterior en relación a la decisión del juez Daniel Urrutia, quien autorizó realizar videollamadas a privados de libertad con externos del penal, decisión que revocada y criticada por el Gobierno.
Sobre esto, el secretario de Estado dijo que tal acción “tiene que ver con vulnerar la cárcel de máxima seguridad que tiene el país, donde hoy lo que tenemos son esencialmente líderes de bandas de crimen organizado transnacional”.
Esto considerando que “el país ha invertido una cantidad significativa de recursos, con resguardo controlado tecnológicamente”. En este sentido, Cordero enfatizó en que cuando se permite una videollamada a un tercero del cual no se tiene control de quién es, lo que hace es que “diluye el objeto de máxima seguridad”.
Respecto a la discusión en torno al alcance de las garantías de los privados de libertad, el ministro dijo que “para el mundo de los derechos humanos es cómo las organizaciones criminales afectan severamente los derechos humanos, con trata de personas, con afectación especialmente de los derechos de los niños y niñas.
En esta línea, el secretario de Estado indicó que “la legitimidad del sistema institucional descansa en combatir el crimen con las herramientas del Estado de derecho”.
