La Corte de Apelaciones de Santiago dio un paso significativo en el caso de las visitas virtuales en la Cárcel de Alta Seguridad. En una decisión relevante, ha acogido el recurso de hecho presentado por Gendarmería, declarando admisible la apelación contra la autorización de videollamadas a cuatro reclusos.
Esta medida había sido autorizada por el juez Daniel Urrutia, pero la Séptima Sala del Tribunal de alzada consideró que Gendarmería no es un tercero ajeno al procedimiento penal, sino un sujeto legitimado con intereses en la forma de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva.
El fallo destaca que Gendarmería tiene la responsabilidad de velar por la seguridad en los recintos penales y proteger tanto a los reclusos como al personal. Por lo tanto, la decisión de permitir visitas virtuales afecta los deberes y fines de la institución. Con base en estos argumentos, la Corte acoge el recurso de hecho, admitiendo la apelación y abriendo un nuevo capítulo en este controvertido caso.
Esta resolución refuerza el papel de Gendarmería como parte legítima en los procesos penales y establece un precedente importante en cuanto al manejo de las medidas cautelares en el sistema carcelario.
La polémica en torno a las visitas virtuales en la Cárcel de Alta Seguridad continúa, con un claro enfrentamiento entre los intereses de los reclusos y la seguridad institucional.
