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Corte Suprema resuelve reservar antecedentes personales de jueces de Arica por casos asociados al Tren de Aragua

La decisión atiende a la complejidad del caso y sus particulares características, siendo adoptada con el objeto de  resguardar  todas las condiciones necesarias para la independencia interna y externa de los magistrados que deben intervenir en el juicio.

Luego de poco más de dos años de diligencias investigativas y procesales, recientemente el Juzgado de Garantía de Arica dictó auto de apertura de Juicio Oral en un proceso iniciado a requerimiento del Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal de numerosos imputados que formarían parte de una banda vinculada a la comisión de diferentes delitos asociados al crimen organizado, la denominada banda del “Tren de Aragua”.

A solicitud del Tribunal de Alzada de esa ciudad, en la sesión de este lunes 4 de marzo, el Pleno de la Corte Suprema resolvió, como medida preventiva,  excepcional y temporal,  reservar en el portal web institucional los antecedentes personales de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de los ministros de la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción, solo mientras se desarrolle el referido juicio y hasta que la sentencia que se dicte quede ejecutoriada.

La decisión atiende a la complejidad del caso y sus particulares características, siendo adoptada con el objeto de  resguardar  todas las condiciones necesarias para la independencia interna y externa de los magistrados que deben intervenir en el juicio. La información que transitoriamente se ordena suprimir no afecta las garantías procesales del Ministerio Público, defensas y querellantes,  quienes conocerán de los antecedentes y del proceso en su condición de  intervinientes, pues solo será reservada para los usuarios que visiten la página web institucional.

Respecto a estos hechos, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró no tener antecedentes y afirmó que “la proactividad en este tema es un mandato”.

Además, señaló que uno de los diez ejes de la Política nacional contra el Crimen Organizado es evitar que a través del amedrentamiento, este impida al Estado hacer su labor.

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