Una educadora de párvulos y funcionaria de la dirección regional de JUNJI Tarapacá presentó una demanda laboral contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada actualmente por su director regional, Mario Jeldres Gutiérrez, por perjuicios derivados de una enfermedad profesional y daño moral, exigiendo una indemnización por $100 millones.
La denuncia fue ingresada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique el pasado 1 de marzo y está patrocinada por el abogado Dario Bravo Ortiz. El tribunal fijó la audiencia preparatoria para el próximo 17 de abril, a las 9:30 horas, de forma presencial.
En la acción judicial se presenta una relato del periodo en que la trabajadora C.L.Z. se desempeñaba en la dirección regional de la JUNJI y otros hechos que ocurrieron después que menoscabaron la salud de la demandante.
La funcionaría trabaja en la JUNJI desde 2007, comenzó su carrera en la institución como educadora de párvulos y en 2018 asumió como Encargada de Personal, tras postular en el Sistema de Proceso de Selección Interno.
Esto último generó el “repudio” del gremio de APROJUNJI, iniciando una campaña de “difamación” en su contra, lo que se tradujo en una serie de “descréditos para la trabajadora en los pasillos de la institución” y ser “increpada” por sus compañeros de trabajo. Todo lo anterior, fue expuesto en una denuncia ante la Asociación Chilena de Seguridad y el COMPIN, terminando con una declaración de enfermedad profesional de la parvularia el 31 de enero de 2020.
Intervención parlamentaria
En el documento, se detalla el gremio contó con el apoyo del diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti (ExUDI), quien “llego a solicitar insumos relativos al proceso de nombramiento de la suscrita”.
“La suscrita de entera de lo referido en diciembre del año 2018, realizando una simple búsqueda en Google de su nombre completo, así al realizar dicha búsqueda aparece un resultado que de inmediato llama la atención de la suscrita, el cual correspondía a la cámara de diputadas a diputados, siendo el siguiente link (…) en el cual, a través del prosecretario de la Cámara de Diputados, se le solicita a la Contraloría General de la Republica, a requerimiento de Renzo Trisotti, quien denuncia irregularidades en concurso público realizado por la Dirección Regional de Tarapacá, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI para la provisión del cargo a contrata de Profesional Sección Administración de Personal”.
La demandante precisa que en la “reunión sostenida con dirigentes de la asociación de profesionales de dicha repartición publica, APROJUNJI, se le informó que la persona seleccionada en dicho proceso (la trabajadora), no cumplía con los requisitos mínimos e idóneos, consignados en las bases, en específico el de poseer un título universitario. Pese a que la revisión de dichos antecedentes fue realizada en el concurso público en el cual se le adjudica el cargo a la suscrita”.
Dicha situación generó “una crisis de pánico en la demandante” que la hizo salir de su lugar de trabajo “con el único objetivo de arrancar y no volver a vivir nuevamente toda aquella persecución”. Según el relato de la trabajadora, ese episodio la obligó a consultar la opinión de un especialista quien determinó que su enfermedad “era de origen laboral”.
Jefatura no mostró interés “en solucionar el problema“
Según se detalla en la demanda, la trabajadora acudió a su jefatura en mucha ocasiones para dejar constancia de los hechos que sucedían en su lugar de trabajo en atención a las actuaciones del gremio mencionado, tanto en forma física, telefónica y por correo electrónico, solicitando a su empleador ayuda por “el infierno que vivía cada día en su puesto de trabajo”, sin embargo, “nunca obtuvo apoyo, no demostrando ningún interés en solucionar el problema”.
“Se enviaron una serie de correos tanto a la jefatura directa, como a la subdirectora de gestión y desarrollo de persona, respecto de los hechos que se encontraba sufriendo la suscrita en su puesto de trabajo, más nunca tuvieron respuesta (…) el estrés sostenido que me generó las situaciones antes descritas, comenzó a repercutir en mi salud, tanto física como psicológica, empezando a presentar distintas sintomatologías que acusaron el impacto de su situación laboral”, relató la demandante.
En dicho contexto, la suscrita continuó con sus labores con regularidad, a la vez que comenzó a asistir al psiquiatra, pues sentía ansiedad, nerviosismo y preocupación constante, angustia, e incapacidad para concentrarse y problemas para dormir, lo que terminó con la denunciante pidiendo licencia médica.
Indemnización de $100 millones
Respecto a los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional, el texto detalla que la situación padecida por la demandante “tuvo su origen en el acoso laboral soportado desde el año 2018, generando diversos perjuicios en su salud, tanto física como psíquica, además de turbar su normal curso de vida, no solo en ámbito laboral, sino también en lo familiar y personal, dañando a la actora de autos en sus aspectos más íntimos como persona, afectando su autopercepción y desenvolvimiento social”.
“Los altos niveles de estrés sostenido que he tenido que tolerar, generaron enormes cuotas de angustia, dolor emocional, bajo estado anímico, cansancio permanente, insomnio, sentimiento de desesperanza en el porvenir, afectación de su autopercepción y confianza, que dañaron significativamente mi autoestima, haciéndome sentir incapaz e insuficiente en términos personales y laborales”, detalló la demandante.
La acción judicial argumenta que el demandado se encuentra en la obligación de reparar adecuadamente el daño que en lo moral le causó a la demandante con las conductas descritas.
En ese sentido, se pidió $100 millones por concepto de indemnización de perjuicios derivados de la enfermedad profesional y daño moral, producto de las situaciones narradas por la demandante en la acción judicial.
