El Tribunal Constitucional (TC) escucha este martes a un grupo de organizaciones, en el marco del requerimiento presentado por diputados de derecha para impugnar la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Recordemos que parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, el PDG y el Partido Social Cristiano cuestionaron el uso del concepto “educación no sexista y con igualdad de género”, aludiendo a que vulnera el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Entre los participantes de esta jornada se encuentran la Defensoría de la Niñez, Human Rights Watch, el INDH, la Conferencia Episcopal, la Iglesia Luterana, la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad, entre otros.
Ley Integral
Desde el Gobierno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indicó a Radio Paulina que el lunes el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) “sacaron una declaración señalando precisamente que el artículo no contraviene dos principios que son constitucionalmente importantes en nuestro país que son el derecho preferente de los padres y la libertad educativa”.
“El artículo no se mete con lo del currículo, con los contenidos, sino que tiene más bien que ver con cómo los colegios reaccionan ante la violencia de género porque hay que recordar que si tuvimos Ley Gabriela, la ley en honor a Gabriela Alcaino que fue asesinada junto a su madre y que fue la que incorporó el pololeo dentro del femicidio desde el 2021 es porque hubo al menos cuatro denuncias previas en el colegio contra el agresor. Los colegios hoy no tienen las herramientas”, comentó.
La autoridad dijo que otro tema tiene que ver con “las matrículas, un tema acá en Tarapacá, en general cuando las mujeres se mueven de comuna, huyen de la casa del agresor, ingresan a una residencia transitoria o buscan un nuevo destino a través del apoyo del Servicio Nacional de la Mujer con un subsidio arriendo, necesitamos mover a los niños y, por ejemplo, a través de la ley (Ley Integral) estamos reforzando la obligación de que los servicios educativos pongan a disposición, faciliten mover a los niños para no exponerlos”.
Respecto a lo que ocurre dentro de la escuela, Orellana dijo que la normativa señala “que se deberá propender a una educación que promueva la igualdad de género y una educación que sea no sexista. ¿Qué quiere decir eso? Que no transmita prejuicios”.
“Esto no tiene nada que ver y se ha confundido muy mañosamente en mi opinión, con la educación sexual, con la que yo, por supuesto, estoy a favor, con protagonismo de las familias y con información para todos”, agregó.
La titular del ministerio de la Mujer recordó que este proyecto lleva siete años de discusión y destacó que la iniciativa tuvo una transversalidad en los diferentes gobiernos, considerando que fue ingresado en el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, fue tramitado por la exministra Mónica Zalaquett en la administración de Sebastián Piñera y recientemente fue despachada a ley por el Congreso Nacional.
“En las mismas audiencias en el Congreso, la ministra Zalaquett defendió este artículo y esta frase como algo que era importante para prevenir y hoy, digamos, se está trabando una ley que fue aprobada transversalmente, en nuestra opinión, para confundir las cosas”, añadió.
