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Presidente promulga Ley Marco de Ciberseguridad: “Vamos a tener más herramientas para proteger los derechos de las personas”

Esta nueva ley regulará servicios públicos y privados como las telecomunicaciones, los servicios digitales, servicios de salud, seguridad social, servicios financieros y de mensajería, entre otros. 

Este martes el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad que viene a regular diversos servicios tanto digitales públicos como privados y que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) para fijar la normativa técnica, fiscalizar y aplicar multas.

Después de la firma concretada por el jefe de Estado junto a los ministros presentes, Boric expresó algunas palabras apuntando a que la única forma posible de enfrentar las “amenazas graves en materia de seguridad es con unidad de la sociedad y todos los organismos y poderes del Estado”.

“Valoro mucho la transversalidad de este tipo de actos, aquí están representados parlamentarios de todos los sectores políticos, todas las instituciones, las Fuerzas Armadas y de Orden, la sociedad civil también representada. Este es un proyecto que más firmas ha requerido, porque es un proyecto que involucra al Estado y al gobierno en su plenitud”, detalló la autoridad, comentando que 10 ministerios se ven involucrados en la política de ciberseguridad.

El mandatario destacó que con esta nueva normativa “vamos a tener más y mejores herramientas para proteger los derechos de las personas en el ciberespacio. Vamos a poder prevenir y enfrentar de mejor manera casos muy concretos como la suplantación de identidad, el envío de virus, sabotajes, cortes de servicio, el spam, entre muchos otros incidentes. Chile se convierte en el primer país de América Latina y el Caribe en tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad y un marco regulatorio de vanguardia”.

“Cada uno tendrá que aplicar medidas específicas para prevenir, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad, además de cumplir con una estricta regulación en esta materia por el bien de sus usuarios”, agregó Boric.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la iniciativa fue presentada en primera instancia a fines del Gobierno de Sebastián Piñera, y luego de los respectivos debates parlamentarios durante la nueva administración, finalmente vio la luz.

En ese sentido, la jefa de la cartera resaltó que “este mes se ha publicado la ley que crea la subsecretaría de Gobierno Digital que estará erradicada en el Ministerio de Hacienda. En junio de 2022 se publicó la ley de delitos económicos, en diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Política Nacional de Ciberseguridad que hoy será entregada al Presidente de la República”.

Sobre esto último, Tohá agregó que “esta política es la tercera versión que por tres gobiernos se ha sostenido en el tiempo, con una prioridad mantenida por gobiernos de distinto signo y no arruinada por los cálculos que suelen imponer que las cosas iniciadas en un gobierno anterior se dejan morir o se cubren con tierra. Esto es fruto de un proceso virtuoso”.

Ley Marco de Ciberseguridad

La nueva normativa regulará servicios públicos y privados como las telecomunicaciones, los servicios digitales, servicios de salud, seguridad social, servicios financieros y de mensajería, entre otros. 

Además, crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la cual dictará protocolos para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad o ciberataques. Estas normas regularán el funcionamiento en los servicios esenciales (SE) y los operadores de importancia vital (OIV), estos últimos, prestadores de dichos servicios esenciales.

Las sanciones pueden ser leves, graves y gravísimas. Entre estas últimas se considera no adoptar de forma oportuna y expedita las medidas necesarias para reducir el impacto y la propagación de un incidente de ciberseguridad o ciberataque, cuando este posea un impacto significativo.

En detalle, la ley considera Servicios Esenciales (SE) a los organismos de administración del Estado y el Coordinador Eléctrico Nacional, los servicios prestados bajo concesión de servicio público y aquellos prestados por instituciones privadas.

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