La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por unanimidad, una resolución que solicita al presidente de la República el ingreso de un proyecto para la modificación de la Ley 20.536, sobre violencia escolar.
Además, se propone que una vez declarada la denuncia de acoso por la víctima o por un tercero, se realice, obligatoriamente, un tratamiento psicológico. El victimario sería sancionado con suspensión y podría retornar a clases después de la segunda sesión con el profesional y con un plan de trabajo para tratar su problema de agresividad.
También se plantea contar con apoyo integral para las y los profesionales que realicen labores relativas a convivencia escolar al interior de los recintos educacionales
Junto con ello, crear mecanismos de evaluación actualizados y verificables. Estos apuntarán al actuar particular de quienes poseen algún nivel de intervención dentro de los casos denunciados al interior de la comunidad escolar.
El texto instaura que se dicten talleres y jornadas para estudiantes, diferenciadas para cada ciclo educativo. Además, capacitaciones para todas las personas que trabajan en los establecimientos educacionales, como también para los padres y apoderados.
Por último, establece que todas las actividades deberán demostrarse con medios verificables y existir un plan de seguimiento que permita medir el desarrollo de las habilidades psicosociales requeridas para prevenir o saber cómo actuar respecto del acoso escolar.
La propuesta fue presentada por Carolina Tello (PC), Mónica Arce (IND), Viviana Delgado (IND), Andrés Giordano (IND), Marta González (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Joanna Pérez (DEM), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC).
