Tras las intensas gestiones realizadas por la Dirección Regional del SERNAC de Tarapacá, cinco familias de la ciudad de Iquique, perjudicadas por las inundaciones provocadas por la rotura de una tubería de agua potable en mayo y junio de 2023, recibirán una compensación total de aproximadamente 384 millones de pesos por parte de la empresa Aguas del Altiplano.
El acuerdo alcanzado fue destacado por el director regional del SERNAC, Rodrigo Cortés, quien resaltó la importancia de que las empresas asuman su responsabilidad y proporcionen soluciones adecuadas y oportunas a los consumidores afectados por errores o negligencias. Cortés subrayó la voluntad de ambas partes para resolver el problema de manera extrajudicial, evitando así un prolongado conflicto judicial.
Al respecto, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, elogió el trabajo del SERNAC y del Seremi de Economía, Jorge Julio, para alcanzar un acuerdo que beneficiara a las familias afectadas, asegurando que el Gobierno respaldaría el cumplimiento de los acuerdos y la efectiva reparación de los daños.
Por su parte, Jorge Julio, Seremi de Economía, destacó que esta mesa de trabajo representó un avance significativo en la protección de los derechos de los consumidores en la región y en el país, mostrando la capacidad de los servicios públicos para resolver disputas de manera eficaz sin recurrir a litigios prolongados.
El incidente de la doble rotura de la tubería, ocurrido el 30 de mayo y el 5 de junio de 2023, afectó severamente a las viviendas en el sector de avenida Proyectada con la Tirana, Iquique.
Desde entonces, la Dirección Regional del SERNAC ha liderado una serie de gestiones para encontrar una solución, que incluyó reuniones con las familias afectadas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la empresa Aguas del Altiplano, culminando finalmente en un acuerdo que establece compensaciones para las familias en función del daño sufrido por sus viviendas.
En resumen, las cinco familias afectadas recibirán una compensación total de alrededor de 384 millones de pesos, que varía según el grado de daño causado a sus propiedades. Aunque en un caso no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, las negociaciones entre las partes continúan en curso.