El Gobierno ingresó recientemente una serie de indicaciones a la ley corta de isapres, generando expectativas sobre posibles modificaciones en el sistema de salud privado. Uno de los puntos más destacados es el reemplazo del alza extraordinaria de planes por la creación de una prima, la cual las aseguradoras deberán calcular y justificar.
Según lo establecido, esta prima no podrá superar el 10 por ciento de la cotización registrada en julio de 2023, con el objetivo de evitar que el alza llegue al 41 por ciento, una cifra que había generado controversia durante el trámite en el Senado.
Entre las nuevas disposiciones, se contempla un procedimiento revisado para la verificación del precio del Plan Garantizado de Salud (GES), otorgando un plazo de 15 días para que las isapres justifiquen el valor y 30 días para que la Superintendencia de Salud lo valide.
Sin embargo, estas indicaciones no abordan la reducción de la deuda de las isapres ni la posibilidad de devolver cobros en exceso a los afiliados, aspectos que han generado debate en la discusión pública.
Por otro lado, parlamentarios del oficialismo han presentado una indicación para eliminar el reajuste de planes al 7 por ciento, medida que ha reducido notablemente la deuda de las isapres.
En contraste, desde la oposición señalan que su margen de acción es limitado debido a un fallo del Tribunal Constitucional que otorga al Presidente la facultad exclusiva sobre decisiones relacionadas con seguridad social, como la “mutualización de riesgo”.
