El jueves el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, realizó la cuenta pública de la gestión de la institución correspondiente al 2023. En la instancia se entregaron los lineamientos de funcionamiento del organismo durante el año pasado.
En primer lugar, Letelier informó que hay más de 19 mil juicios en tramitación en que el CDE se ha hecho participe. Estos alcanzarían más de 10 billones de pesos, lo que representa un 4% del PIB. Se trata de la cifra más alta de asuntos activos desde el 2014 a la fecha.
“En este escenario, que se repite año a año, debemos mantener vivo nuestro desafío de abordar una gran carga de trabajo con la misma histórica dotación de funcionarios, manteniendo la excelencia de nuestras defensas con el mayor rigor, oportunidad y esfuerzo”, expresó.
En la cuenta pública se dio a conocer que los juicios vigentes en los que interviene actualmente el CDE, un 65% corresponden a causas civiles administrativo, un 21% a causas laborales y cobranza, un 7% a causas penales, un 5% a reclamaciones y exportaciones y un 2% a otros juicios.
“Nuestro mandato es defender las facultades y potestades del Estado, con el objeto de permitir su funcionamiento material y jurídico. Del mismo modo, nuestro papel es defender la integridad patrimonial del Estado, evitando las transferencias de recursos que no estén jurídicamente permitidas y validades”, sostuvo Raúl Letelier en la instancia.
En su discurso, el presidente del Consejo de Defensa del Estado se refirió en particular a los casos de corrupción que se han revelado sobre todo en el último año y señaló que el organismo “ha otorgado prioridad estratégica al reforzamiento de su capacidad de acción para la persecución oportuna de los delitos de corrupción”.
Letelier dijo que para este fin se creó una unidad especializada en corrupción de alta complejidad y comiso, lo que da cuenta de “una intención de fomentar la especialización de nuestros litigantes, la adecuación de procedimientos internos, la disposición de una estructura orgánica a fin y el incremento de iniciativas de coordinación y colaboración con organismos claves” como la Fiscalía y las policías.
Sobre las acciones judiciales de 2023, el Consejo de Defensa del Estado informó que interpusieron 21 querellas criminales en casos de gestión municipal, donde destacan “acciones que afectan a las municipalidades de Puerto Natales, Pirque, Algarrobo, Maipú, Coquimbo, Puerto Varas, Ñuñoa, Vitacura, San Fernando y Rancagua”.
Según informó el CDE, estas 21 querellas se suman a las ya presentadas en años anteriores, llegando a 203 casos vinculados a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y otros ilícitos.
