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Chile lidera reunión con países de América del Sur para coordinar lucha contra el crimen organizado

La reunión destacó la importancia de la integración y cooperación como elementos fundamentales para hacer frente a la complejidad y la transnacionalidad de las amenazas relacionadas con el crimen organizado.

En la jornada del jueves se realizó la Primera Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado, en el marco de la presidencia rotativa del Consenso de Brasilia, que recae en Chile desde enero de 2024 y que se extenderá hasta junio de este año.

El encuentro de alto nivel, que se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la presencia de ministros, viceministros y representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En la instancia el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a hacerse cargo de la demanda de la ciudadanía por mayor seguridad y afirmó que “el crimen organizado y el narcotráfico representan un problema de seguridad para las personas y, también, para las instituciones”. 

“Son organizaciones que buscan de manera activa corromper nuestra institucionalidad, copar los espacios públicos arrebatándoselos a los ciudadanos y estableciendo poderes territoriales que desafían la presencia del Estado. Frente a esto no podemos dar ni un paso atrás, no podemos ceder ni un centímetro en esta batalla. A la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico les vamos a ganar, pero les vamos a ganar juntos”, agregó.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que “la principal prioridad de nuestro Gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país en todas sus dimensiones: la seguridad ciudadana, la seguridad económica y la seguridad social”.

En ese sentido, valoró las posibilidades que ofrece el trabajo en bloque del Consenso de Brasilia, señalando que “este mecanismo de integración regional busca el diálogo, pero más importante aún en este tema es el compromiso y la voluntad de colaborar, no detenernos en los obstáculos que a veces existen para avanzar, sino más bien en las soluciones que se requieren”.

Durante la jornada, el diálogo fue conducido por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y giró en torno a medidas para el fortalecimiento de capacidades en zonas fronterizas, prevención del lavado de activos, cooperación en materia penitenciaria, tráfico de armas y drogas. Estos asuntos críticos representan desafíos significativos para la seguridad y el bienestar de nuestras sociedades, y requieren una acción coordinada y eficaz a nivel regional.

La reunión destacó la importancia de la integración y cooperación regional como elementos fundamentales para hacer frente a la complejidad y la transnacionalidad de las amenazas relacionadas con el crimen organizado. Se reiteró que la colaboración entre los países de la región es indispensable para abordar de manera efectiva los problemas de seguridad que trascienden las fronteras nacionales.

El canciller Alberto van Klaveren resaltó, al cierre del encuentro, el valor del Consenso de Brasilia como mecanismo de integración regional que busca promover la cooperación y el intercambio de información entre los países participantes. 

“Es urgente que las autoridades de todos los países coordinemos nuestros esfuerzos para combatir la inseguridad y el crimen organizado, ya sea compartiendo experiencias, intercambiando información que permita frenar a los delincuentes y elaborando una estrategia, con acciones concretas y medidas conjuntas, para frenar el crimen organizado en la región”, añadió. 

La autoridad destacó que “Chile está comprometido con la importancia de avanzar en conjunto y es por eso que definió esta materia como una de las primordiales para abordar durante su presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia”.

En este contexto, los Ministros y Altas Autoridades presentes reafirmaron su compromiso con la implementación de estrategias conjuntas que permitan prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de armas y drogas, así como abordar el lavado de activos y mejorar las condiciones en los sistemas penitenciarios.

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