El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, participó en la comisión que investiga los actos del Gobierno frente a eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia. Así como también la vulneración de la integridad territorial por parte de grupos criminales y la protección para personas refugiadas.
En esta primera sesión de la instancia, la autoridad de Gobierno expuso antecedentes sobre la situación de personas refugiadas en el país y explicó que desde 2010, cuando entró en vigencia la ley sobre protección de refugiados, se han presentado cerca de 31 mil solicitudes de refugio.
Monsalve detalló que cerca de 11 mil peticiones se encuentran archivadas por no tener antecedentes suficientes para resolver la situación, mientras que aproximadamente 9 mil fueron rechazadas y sólo alrededor mil han sido aceptadas. Esto deja un saldo de 10 mil que aún no poseen una resolución.
Frente a esto, el subsecretario destacó la mejora que permitió la nueva normativa que modificó el procedimiento para la determinación de refugiados. En ella se terminó con la entrega de una visa por ocho meses para quienes solicitaban refugio y además se estableció que una comisión deberá analizar el requerimiento.
La autoridad del Interior agregó que de los mil refugiados que actualmente existen en el país, 75 son venezolanos. De estos, 46 fueron reconocidos en el Gobierno de Gabriel Boric y 29 corresponden a períodos presidenciales previos. Además, entre los 75 refugiados venezolanos, 9 de ellos tienen calidad de ex miembros de las fuerzas armadas venezolanas.
Tras su exposición, fue consultado sobre qué medidas de protección existen para personas que se encuentran en calidad de refugiados y explicó que la normativa señala que existen dos garantías que se deben cumplir. La primera, corresponde a la entrega de una visa de residencia definitiva, con todos los derechos de la ciudadanía chilena. En segundo lugar, se entrega el derecho de no expulsión, salvo por la comisión de delitos graves, de guerra o que vulneren la paz.
Más allá de esto, el subsecretario del Interior señaló que no hay registro de que el Estado tome medidas de protección particular a refugiados; al menos no antes del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. También informó que, hace algunos días, la Fiscalía tomó medidas de protección ante un caso en particular en el sur de Chile, del cual no entregó más antecedentes públicamente.
