La Contraloría General de la República (CGR) instruyó dos sumarios administrativos a la Delegación Presidencial de Tarapacá, tras una investigación a los recursos públicos utilizados en el servicio de alimentación a la población migrante ubicada en el dispositivo transitorio de Playa Lobito, en la comuna de Iquique, entre marzo y septiembre de 2023.
La auditoría se efectuó, considerando los hechos denunciados por el diputado de Tarapacá, Renzo Trisotti, en relación con la modalidad de contratación por la prestación de servicios de la entrega de alimentos a personas que se encuentran habitando el campamento y/o albergue con financiamiento de la Subsecretaría del Interior y ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.
El parlamentario indicó que “existen diferencias en las raciones entregadas, donde hay algunas que no están acreditadas por parte de la Delegación, que son casi 4.000, y que incluso se le deben al proveedor. Por lo tanto se ha decretado la realización de un sumario administrativo”.
“A su vez, en este millonario contrato ni siquiera hay una boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato como se le exige a todos los tipos de contratación del Estado, y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Se mantienen personas con facultades de poder girar recursos públicos, recursos del Estado, pero que ya no forman parte de la Delegación Presidencial. Esto es gravísimo porque demuestra falta de supervisión, falta de gestión, falta de control”, agregó.
En el Informe Final se detalla que la Delegación de Tarapacá recibió de parte de la Subsecretaría del Interior más de 751 millones para gastos de emergencia, consistente en el servicio de alimentación de personas migrantes que ingresaron y alojaron en el refugio transitorio de Playa Lobito a contar del 16 de marzo de 2023 y por un período de seis meses.
Según el documento, se evidenció que la Delegación recepcionó 74.978 raciones de alimentos contratadas a un proveedor para ser distribuidas en el dispositivo migrante. En tanto, al 7 de noviembre de 2023, la entidad pagó el valor de 71.070 raciones, es decir, 324 millones correspondientes a aquellas informadas en los listados de entrega de alimentos a las personas migrantes, produciéndose una diferencia de 3.908 raciones no pagadas al proveedor, por la suma de 17 millones, y no se acreditó el destino final de esas raciones adeudadas.
La Contraloría afirmó que esto no se ajustó al artículo 95 de la entidad y a las normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, por lo que solicitó iniciar un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que debieron velar por la correcta administración de dichos recursos.
Por otra parte, de las 71.070 raciones de alimentos pagadas por la Delegación, y respaldadas con listados de entrega de alimentos, Contraloría observó una diferencia de conteo de menos 9.888 raciones por la suma de 46 millones, producto de diferencias detectadas en rendición de cuentas, lo que no se coincide con el artículo 95, y la resolución 30 de la entidad de control, por lo cual, la Delegación deberá incluir este hecho en el sumario administrativo antes ordenado.
La entidad fiscalizadora también constató que la Delegación Presidencial de Tarapacá presentó la garantía de fiel cumplimiento después de la entrada en vigencia del acuerdo y de la prestación de los servicios, por este motivo estableció el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por el retraso en la presentación de dicha garantía para el contrato.
