La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, con 106 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelos colapsables. Este proyecto también declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en casos de viviendas irreparables o inhabitables debido a socavones.
En detalle, la propuesta fue remitida nuevamente a la Comisión de Vivienda para la determinación de su articulado tras la presentación de indicaciones. El objetivo del proyecto es otorgar mayores facultades a las autoridades para agilizar la respuesta del Estado a los afectados, contribuir a la reparación de los daños y regular la construcción en suelos colapsables.
Se consideran suelos colapsables aquellos que reducen significativamente su capacidad de soporte de construcciones o infraestructura, o su capacidad de servicio por deformación. Esto incluye suelos inestables en su consideración geotécnica o aquellos cuya rigidez se encuentra degradada, ya sea por subsidencia, expansión u otro fenómeno natural o antrópico.
Durante el debate, el diputado Matías Ramírez (PC) destacó que el proyecto mejorará la responsabilidad de las empresas sanitarias hacia las familias afectadas por roturas de matrices.
Por su parte, la diputada Danisa Astudillo (PS) criticó el manejo de emergencias relacionadas con socavones, como los ocurridos en las Dunas de Concón en Viña del Mar, que tuvieron una solución más pronta, comparando a miles de familias durante más de una década en Alto Hospicio, no han tenido el mismo trato.
El diputado Renzo Trisotti (IND-REP) subrayó la necesidad de una norma específica para abordar el problema de los suelos colapsables, aunque señaló la falta de patrocinio del Gobierno en algunos artículos de la ley que implican gasto público.
Los parlamentarios también destacaron la situación alarmante en la Región de Tarapacá, especialmente en Alto Hospicio, donde no han recibido soluciones efectivas por parte del Estado. Además, enfatizaron la necesidad de mejorar la responsabilidad de las redes sanitarias en la gestión de roturas de matrices de agua potable y aguas servidas para evitar socavones.
En ese sentido, las municipalidades deberán disponer de catastros de los propietarios y no propietarios de viviendas que presenten daños en accidentes de suelo. Esto con el objeto que puedan acceder a subsidios de compra de viviendas y de arrendamiento para la reparación integral o parcial.
