La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados comenzó con la votación en particular del proyecto que modifica una serie normas en materia de migración. El mensaje incorpora nuevas causales para prohibir el ingreso de migrantes y amplía las de expulsión. Entre ellas, las condenas por delitos de violencia intrafamiliar y quienes hayan cometido un crimen o tengan procesos pendientes en el extranjero.
También contempla el rechazo o la revocación de permisos de residencia contra quienes sean condenados por faltas. Involucra tanto las contempladas en el Código Penal como de otras leyes de competencia de los Juzgados de Policía Local.
Junto a aquello, el proyecto incluye la posibilidad de tomar datos biométricos de extranjeros en situación irregular. Igualmente, establece como agravante promover la entrada ilegal de personas que tengan prohibición de ingreso y aumenta las penas del tráfico de migrantes y trata de personas.
Indicaciones al proyecto de migración
En la sesión participó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien se refirió a las indicaciones que presentaron al proyecto. Una de las materias involucradas es el reforzamiento del sistema de nacionalización. Aquí proponen, por ejemplo, eliminar la nacionalización calificada. Ésta es la que permite a personas con vínculos familiares acceder en menos tiempo a la carta de nacionalización.
Paralelamente, se propone ampliar el plazo de residencia exigida a las personas extranjeras para poder solicitar la carta de nacionalización. Este pasaría de 5 años de residencia a 10 años de residencia definitiva continuada.
Otras indicaciones presentadas refieren al área de transporte. El proyecto establece multas de 100 a 150 UTM ($6.000.000 a $9.900.000) a quienes transporten desde zonas fronterizas al interior del territorio a extranjeros indocumentados. Cabe destacar que esta sanción se aplica por cada extranjero que se traslade.
Junto a lo anterior, se regula la forma de computar la reiteración y agrava las multas, dependiendo de la cantidad de veces que se comenta la infracción. Aquí se establece que, si una persona natural o jurídica incurre en una infracción dentro de 36 meses desde la primera falta, el tope de la multa llegará a 200 UTM. Además, el medio de transporte utilizado no podrá volver a operar de forma inmediata.
Tras la exposición del director, la comisión comenzó la votación en particular de la norma. En ella aprobaron establecer que el Estado de Chile valora la contribución de la migración legal, segura y regular para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.
Sin embargo, en la instancia se generaron diversos debates sobre las propuestas siguientes. Por tal razón, las y los diputados decidieron postergar la votación de los artículos hasta que una mesa técnica parlamentaria logre llegar a acuerdo en materias vinculadas al acceso al trabajo y la salud de personas migrantes.
