Este miércoles, el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), fue notificado de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) por su responsabilidad en las irregularidades que se cometieron en la licitación para la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia.
La resolución lleva la firma del presidente de la República, Gabriel Boric, por ser el superior jerárquico de mayor rango.
Quezada recibió la sanción de suspensión del empleo por dos meses, con goce de sueldo del 50%, más una anotación de demérito de seis puntos, lo que se aplicará si la exautoridad llega a retomar un cargo como funcionario público.
De acuerdo con fuentes de Radio Paulina, la próxima semana serán notificados los otros funcionarios públicos involucrados en el caso Cajas de Alimentos.
Actualmente, este caso aún tiene abierta la arista penal, donde la Fiscalía de Tarapacá mantiene formalizado al exintendente Quezada y a otros imputados por delitos de fraude al Fisco y organismo del Estado.
La exautoridad se encuentra con arraigo nacional desde diciembre de 2023, luego que el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera una solicitud de las defensas y revocara la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno que pesaba en su contra.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo no ha sido formalizada la Senadora Luz Ebensperger, una de las peticiones de la acusación del exdiputado y exconvencional por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, quien interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023.
Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
