El Juzgado del Trabajo de Iquique condenó al servicio Mejor Niñez a pagar 20 millones de pesos a una funcionaria que denunció haber recibido hostigamientos y maltratos laborales por parte del exdirector regional del organismo, Mauricio Prieto, la exdirectora regional subrogante, Sara Santibáñez (con cargo regular como jefa del Departamento de Servicios y Prestaciones), y por la jefa del Departamento de Administración y Soporte, Corina Figueroa.
La trabajadora, identificada como Gisella Díaz, indicó en su demanda que la vulneración a sus derechos laborales comenzó en el momento en que, a partir de su cargo de psicóloga y jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, solicitó al servicio avanzar en el proceso de contratación de un analista para la unidad que dirigía, con el objetivo de reducir la sobrecarga laboral.
El hostigamiento, como tal, parte cuando la trabajadora hizo ver la demora del director regional para avanzar en el concurso y tras denunciar los intentos de Prieto por instalar profesionales de su interés, acción que complicó aún más la situación de Giselle Díaz, a tal punto que terminó solicitando la activación del protocolo de denuncia de Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual (MALS) al interior de Mejor Niñez.
En respuesta, Prieto le abrió un sumario a Díaz. Tras ello, la trabajadora debió recurrir a la mutualidad de Mejor Niñez (la Asociación Chilena de Seguridad), donde denunció el hostigamiento. Tras la investigación al interior del organismo, las ACHS determinó la existencia de la enfermedad laboral.
Sin embargo, ni la activación del protocolo MALS ni el diagnóstico de ACHS tuvieron mayor acogida en el organismo. Tanto así, que el Juzgado del Trabajo de Iquique realizó todo el proceso judicial e incluso falló la causa, pero en Mejor Niñez aún no hay resultados del protocolo ni se ha sometido a la trabajadora a los tratamientos en la Asociación Chilena de Seguridad.
Lo anterior es particularmente preocupante y da cuenta del clima existente al interior de Mejor Niñez Tarapacá, razón por la cual el Juzgado del Trabajo de Iquique tuvo especial consideración en el punto sexto de su sentencia, donde ordena el “cese inmediato del comportamiento antijurídico de la demandada”.
Junto con la indemnización de 20 millones de pesos para la trabajadora, por vulneración del Derecho Constitucional a la Integridad Física y Psíquica y el Derecho a la libertad de Trabajo, Mejor Niñez también fue condenado a pagar 2 millones en costas; a exhibir la sentencia en un lugar visible del organismo; y a que el director regional y los abogados del servicio realicen un curso de derechos fundamentales.
Cabe recordar que el director regional que originó este caso, Mauricio Prieto (psicólogo), llegó a Mejor Niñez el 23 de febrero de 2022, días antes de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric, a través del sistema de alta dirección pública y procedente de Junji. Su cargo concluyó el 1 de septiembre de 2023, cuando la directora nacional de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, le solicita la renuncia por “pérdida de confianza”.
De acuerdo a fuentes de Radio Paulina, el caso de la trabajadora Giselle Díaz también generó la salida de Mejor Niñez de la exdirectora regional subrogante y jefa del Departamento de Servicios y Prestaciones, Sara Santibáñez (de profesión trabajadora social), quien fue enviada a Santiago en comisión de servicio en tanto se resolvían el sumario a Giselle Díaz y el protocolo MALS activado por la propia trabajadora.
Contra todo pronóstico, la funcionaria retornó recientemente a Tarapacá debido a que el seremi de Desarrollo Social, Cristian Jara, habrí pedido a Mejor Niñez que la enviaran a su organismo en comisión de servicio.
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Nota del editor: esta sentencia es un proceso judicial en curso y puede ser apelado.
