El fiscal Julio Sánchez, de la Fiscalía de Iquique, presentó una acusación contra siete imputados, entre ellos, el exconcejal Felipe Arenas (ex UDI), el exconsejero Javier Yaryes y el funcionario del Juzgado de Alto Hospicio, Nicolás Muñoz, por delitos de asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de documento público, usurpación y lavado de activos, todos en grado de consumado.
El Ministerio Público los acusa de ser líderes de una asociación ilícita criminal que lavó dinero obtenido de la falsificación de escrituras públicas presentadas en Notarías, mediante las que se apropiaron fraudulentamente de seis inmuebles en la comuna de Iquique entre los años 2012 y 2015. Cuatro de estas viviendas son de propiedad del municipio y dos son particulares.
La Fiscalía está solicitando penas que, sumadas, bordean los 40 años de cárcel, además de 3,2 millones de pesos en multas para los siete imputados en el denominado caso Arenas-Yaryes.
En detalle, el persecutor pidió penas que suman 25 años de presidio para cuatro de los siete imputados. Se trata de Aldo Solimano, Felipe Arenas, Javier Yaryes y el funcionario Nicolás Muñoz, a quienes también se les pide el pago de una multa de 21 UTM o $1.383.921 por las accesorias legales y costas de la causa.
Además, para la cónyuge del exconcejal Arenas, Katherine Ortega; la pareja de pareja del exconsejero Yaryes, Carmen Sánchez; y su tía Claudia Blanco; el Ministerio Público solicitó penas que suman 16 años de presidio y el pago de una multa de 30 UTM o $1.977.030 por las accesorias legales y costas de la causa.
El abogado querellante, Enzo Morales, señaló “durante 10 años he denunciado a esta banda delictual que operó en total impunidad y con respaldo político de altas autoridades, tales cómo, Jaime Orpis, Marta Isasi, Luz Ebensperger, Fulvio Rossi, Renzo Trisotti, Ramon Galleguillos, Felipe Rojas, etc”.
“Estimo que existe un evidente peligro de fuga, ya que, en el caso de Arenas, éste fue condenado por lesiones, delitos de corrupción en caso LED y hoy arriesga en esta causa una tercera condena con pena efectiva en la cárcel”, agregó el jurista.
Morales espera que “por la gravedad de los antecedentes acreditados, el Ministerio Público pida la prisión preventiva de los acusados para que no sigan operando en la impunidad gracias al respaldo político que les permitió cometer delitos durante una década”.
El Juzgado de Garantía de Iquique fijó para el 16 de septiembre, a las 10:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del caso, tras proveer la acusación que la Fiscalía de Iquique presentó en contra de siete imputados, entre ellos dos autoridades de la época.
Caso Arenas-Yaryes
Se trata de un caso que alcanzó un alto impacto en Iquique tras una entrevista que realizó Radio Paulina a la víctima Ema Camacho, quien interpuso una querella en contra de personas que se habían apropiado de su vivienda, en octubre de 2013.
No obstante, Ema falleció en noviembre de 2020, sin conocer el resultado de su querella. A diez años de dicha acción judicial, la justicia realizará un juicio oral a uno de los casos de mayor connotación pública de la región en la última década.
Están involucrados dos autoridades de la época: el exconcejal Felipe Arenas (ex UDI) y el exconsejero regional Javier Yaryes, quienes son imputados por haberse apropiado de forma fraudulenta de seis domicilios en Iquique, entre los años 2012 y 2016.
Los otros cinco imputados son la cónyuge del ex concejal Arenas, Katherine Ortega; y la pareja de pareja del exconsejero Yaryes, Carmen Sánchez; y su tía Claudia Blanco. Además de Aldo Solimano Quiroga y el funcionario del Juzgado de Alto Hospicio, Nicolás Muñoz.
