La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA) expresó su preocupación ante la decisión del Juzgado de Garantía de Arica respecto a derivar a un joven de iniciales M.A.M.B. a una residencia masculina del Servicio de Protección en la ciudad de Arica.
A través de un comunicado, los funcionarios indicaron que M.A.M.B. “está implicado en un homicidio simple calificado y relacionado con el asesinato de un ciudadano venezolano frente al terminal de buses de Arica en diciembre de 2023“. La decisión de su traslado fue tomada por la jueza Carmen Calas Guerra.
Los trabajadores señalaron que “esta medida podría implicar riesgos para la seguridad de los 10 adolescentes vulnerables que residen en la institución, así como para los funcionarios/as que allí trabajan”.
“Entendemos que las decisiones judiciales deben considerar múltiples factores, pero nos preocupa que esta medida no haya contemplado completamente los riesgos asociados a la convivencia con otros jóvenes vulnerados en sus derechos y la falta de infraestructura adecuada para gestionar este tipo de casos de alta peligrosidad”, agregaron.
La asociación reiteró que “las residencias del Servicio de Protección no están diseñadas para la custodia de individuos que requieren un tratamiento judicial especializado, y hacemos un llamado a las autoridades para reconsiderar soluciones que no expongan a más personas a situaciones de riesgo”.
“Es preocupante que la jueza Calas Guerra haya optado por esta medida sin considerar plenamente los antecedentes del caso y los posibles riesgos derivados. M.A.M.B., quien quedó en libertad bajo un programa SRJ y arraigo nacional, no puede regresar a su hogar debido al alto riesgo de represalias”, añadieron.
Según los trabajadores, en estas circunstancias “la decisión de ingresar al joven a una residencia del Servicio de Protección podría no solo poner en riesgo a los otros jóvenes residentes, sino también comprometer la seguridad del propio joven ante posibles represalias externas”.
“Nuestra asociación mantiene su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como con la seguridad de sus trabajadores. Solicitamos que esta decisión sea revisada, con el objetivo de resguardar la integridad física y emocional de todos los involucrados en las residencias”, explicaron.
