Este lunes, el Juzgado de Garantía de Iquique reprogramó la audiencia de preparación de juicio oral en contra de siete imputados, entre ellos, el exconcejal Felipe Arenas (ex UDI) y el exconsejero Javier Yaryes por delitos de asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de documento público, usurpación y lavado de activos, todos en grado de consumado.
En la audiencia, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía de Iquique y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre reprogramar la audiencia para el próximo 19 de noviembre del presente año.
El Ministerio Público argumentó que se requiere una sala única por la complejidad de la causa y lo extenso del debate de ofrecimiento de pruebas. Además, se comunicó al tribunal que se reanudaron las conversaciones con las defensas de los acusados para acordar terminar el proceso mediante un procedimiento abreviado.
El abogado querellante Enzo Morales criticó el anuncio de la Fiscalía sobre las conversaciones con las defensas de los imputados y señaló que es problemático, considerando el estado que se encuentra la causa.
“Se comunicó sorpresivamente que se reanudaron las conversaciones con las defensas de los acusados del caso Arenas-Yaryes para acordar terminar el proceso penal mediante un juicio abreviado. De todo esto no tenemos ningún antecedente y considero que es problemático en el estado en que se encuentra la causa, puesto que la Fiscalía acusó a los imputados (…) por delitos que contienen pena de crimen, esto es, de cumplimiento efectivo en la cárcel”, agregó.
El jurista dijo que los anterior “excede los marcos de cualquier discusión, debate o resolución de esta causa mediante el juicio abreviado, pero todo ello se discutirá el próximo 19 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Iquique”.
Recordemos que la Fiscalía de Iquique ya presentó la acusación contra los imputados y está solicitando penas que, sumadas, bordean los 40 años de cárcel, además de 3,2 millones de pesos en multas para los involucrados en el denominado caso Arenas-Yaryes.
El Ministerio Público acusa a los imputados de ser líderes de una asociación ilícita criminal que lavó dinero obtenido de la falsificación de escrituras públicas presentadas en Notarías, mediante las que se apropiaron fraudulentamente de seis inmuebles en Iquique entre 2012 y 2015. Cuatro de estas viviendas son de propiedad del municipio y dos son particulares.
Caso Arenas-Yaryes
Se trata de un caso que alcanzó un alto impacto en Iquique tras una entrevista que realizó Radio Paulina a la víctima Ema Camacho, quien interpuso una querella en contra de personas que se habían apropiado de su vivienda, en octubre de 2013.
No obstante, Ema falleció en noviembre de 2020, sin conocer el resultado de su querella. A diez años de dicha acción judicial, la justicia realizará un juicio oral a uno de los casos de mayor connotación pública de la región en la última década.
Están involucrados dos autoridades de la época: el exconcejal Felipe Arenas (ex UDI) y el exconsejero regional Javier Yaryes, quienes son imputados por haberse apropiado de forma fraudulenta de seis domicilios en Iquique, entre los años 2012 y 2016.
Los otros cinco imputados son la cónyuge del ex concejal Arenas, Katherine Ortega; y la pareja de pareja del exconsejero Yaryes, Carmen Sánchez; y su tía Claudia Blanco. Además de Aldo Solimano Quiroga y el funcionario del Juzgado de Alto Hospicio, Nicolás Muñoz.
Fiscalía pide penas que suman 40 años de presidio
La Fiscalía está solicitando penas que, sumadas, bordean los 40 años de cárcel, además de 3,2 millones de pesos en multas para los siete imputados en el denominado caso Arenas-Yaryes.
En detalle, el persecutor pidió penas que suman 25 años de presidio para cuatro de los siete imputados. Se trata de Aldo Solimano, Felipe Arenas, Javier Yaryes y el funcionario Nicolás Muñoz, a quienes también se les pide el pago de una multa de 21 UTM o $1.383.921 por las accesorias legales y costas de la causa.
Además, para la cónyuge del exconcejal Arenas, Katherine Ortega; la pareja de pareja del exconsejero Yaryes, Carmen Sánchez; y su tía Claudia Blanco; el Ministerio Público solicitó penas que suman 16 años de presidio y el pago de una multa de 30 UTM o $1.977.030 por las accesorias legales y costas de la causa.
