La Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación de oficio por la filtración de los antecedentes del caso “ProCultura”, que involucra a la exprimera dama y exdirectora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, quien habría recibido supuestos abonos por parte de la fundación que es indagada en el caso Convenios.
El Ministerio Público busca hacer efectiva “la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables”, amparado en las facultades del artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, que establece que “toda filtración o difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” será sancionado con penas de presidio menor.
A través de un comunicado, la Fiscalía indicó que “los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”.
Además, enfatizaron que la causa no está abandonada, sino que, por el contrario, sigue avanzando bajo la orden del fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, “con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.
El Ministerio Público destacó que el equipo de investigación está integrado por tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales, quienes están en “la gestión de las labores de investigación junto a la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile”.
También mencionaron que para llevar adelante su tarea en este caso, solicitaron a la Fiscalía Nacional “recursos adicionales para el desarrollo de las labores de investigación, los cuales fueron concedidos para la contratación de dos abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas”.
