La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un sumario al Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá, liderado por José Miguel Carvajal, por los convenios realizados con la Fundación Centro Universitario para la Innovación, cuyo monto total superó los $500 millones, para capacitar a cargadores de Zofri en 2023.
De acuerdo al Informe Final N° 326 de agosto de 2024, la entidad fiscalizadora constató que las iniciativas de inversión asignadas a la fundación corresponden a proyectos de similares características y sin que se advirtiera el motivo por el cual se separaron las iniciativas en convenios de transferencias distintos.
Según la normativa de la Contraloría, se encuentran afecta al trámite de toma de razón todas las transacciones que superen las 5.000 Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que debió efectuarse dicha tramitación a las transferencias del GORE, dado que la suma de los montos de ambos convenios alcanzó los $505.200.000, es decir, 8.179 UTM.
El primer convenio de transferencias fue por el proyecto de “Capacitación en oficios para la reconversión laboral de los cargadores de la Zona Franca” por $253 millones y el segundo por la iniciativa “Capacitación y Formación de habilidades complementarias para cargadores de la Zona Franca” por $252 millones. Ambos con fecha del 7 de noviembre de 2023.
En su contestación, el Gobierno Regional de Tarapacá justificó la aprobación de los dos programas en convenios distintos, adjuntando una minuta donde explicó ambos convenios. El GORE argumentó que las iniciativas se identifican como dos programas diferentes, con objetivos, instalaciones y beneficiarios diferenciados, por lo que no podrían haberse ejecutado en un mismo proyecto.
“Concluye señalando que en ningún caso ese Gobierno Regional pretendió fragmentar las iniciativas en cuestión, sino por el contrario, se buscó abordar 2 problemáticas distintas”, se detalla en el informe.
Sin embargo, la Contraloría estableció que corresponde “mantener íntegramente lo observado”, ya que “no se proporcionaron nuevos antecedentes” y “los argumentos no son suficientes para permitir establecer los fundamentos para la separación de las iniciativas en distintos convenios de transferencias”.
En este sentido, el Gobierno Regional de Tarapacá deberá instruir a todas las divisiones que participaron de este proceso, sobre evitar la separación de iniciativas que “sean factibles de desarrollar a través de un solo convenio”, cuya evidencia deberá ser acreditada a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del informe de la entidad fiscalizadora.
Sin perjuicio de lo anterior, el GORE “deberá instruir un procedimiento disciplinario” para determinar “las eventuales responsabilidades administrativas”, remitiendo la información a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Entidad de Control, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del informe.
