La Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran en pleno proceso investigativo de la plana mayor y varias funcionarias y funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá, incluido el Gobernador José Miguel Carvajal, esto tras una denuncia interpuesta en mayo de este año ante el Ministerio Público.
En el documento de la denuncia, al que tuvo acceso Radio Paulina, el concejal de Pozo Almonte, Eduardo Mamani Challapa, solicitó que se investigue en calidad de autores, cómplices o encubridores a 17 personas, entre ellas 11 funcionarios del GORE, encabezados por el Gobernador José Miguel Carvajal. Los otros seis corresponden a personas ligadas a la Fundación MARES y los representantes legales de dos empresas.
Según la solicitud del denunciante, existirían hechos constitutivos de los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones fiscales y administración desleal, todos cometidos en perjuicio del Gobierno Regional, debido a la ejecución de los proyectos “500 Cabildos Ciudadanos en Tarapacá”, “Navidad Mágica de Tarapacá” y “Cierres de Año 2022”.
En el caso del proyecto de los cabildos ciudadanos, la denuncia indica que el contrato se asignó a la persona jurídica sin fines de lucro Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá, la cual, a su vez, contrató a la empresa Isoingenio para el desarrollo de los cabildos.
Según pudo determinar la Contraloría General de la República, Isoingenio recibió 120 millones de pesos sin siquiera haber presentado una metodología para realizar los cabildos. Además, desde el GORE no habrían fiscalizado las actividades, las que al momento de ser ejecutadas “fueron desarrolladas con menor número de participantes, en menor tiempo que el estimado y sin medio de verificación de las conclusiones”, causando un perjuicio patrimonial de 120 millones de pesos.
Sobre esa falta de fiscalización, la denuncia indica que la jefa de gabinete del gobernador Carvajal declaró el 30 de septiembre de 2022 que “dicho proyecto no fue fiscalizado en terreno debido a la sobrecarga laboral de las personas responsables”.
En cuanto al proyecto “La Navidad Mágica de Tarapacá”, el concejal Mamani acusa que transfirieron 184 millones de pesos a la fundación sin fines de lucro Mares Movimiento de Arte y Educación, la que actuó como entidad ejecutora, subcontratando a la empresa Audiovisual Wizard Limitada para realizar la actividad.
Al igual que en los cabildos, según pudo determinar la Contraloría, el GORE tampoco fiscalizó la formulación y evaluación del proyecto, acreditando que una funcionaria de la División de Desarrollo Social y Humano “no aplicó parámetros específicos que le permitieran medir variables como la experiencia, capacidad operativa y financiera de la entidad ejecutora”, así como tampoco “verificó los aspectos de los servicios y bienes a adquirir”.
Otra de las irregularidades detectadas por el ente contralor fue que el fiscalizador del Gobierno Regional tenía una relación de amistad con los miembros de la fundación Mares Movimiento, lo que lo inhabilitaba para ejecutar la tarea asignada.
Según la denuncia, en este proyecto se constató perjuicio fiscal por un sobreprecio de 12 millones de pesos por la adquisición de 10 mil botas de Navidad, las que fueron compradas por las empresas Audiovisial Wizard y Sociedad Pato Yeco Producciones.
Por último, en el proyecto “Cierre de Año 2022” se constató que el Gobierno Regional pagó más de 7 millones y medio de pesos por el consumo no utilizado por las 135 personas que no asistieron, de un total de 250 invitados que contemplaba la ceremonia. La denuncia indica, además, que se “pagó 5 veces el valor autorizado por cada invitado”, pasando el costo total de $7.644.750 a $31.081.420.
El inicio de la investigación
En mayo de este año el concejal Mamani hizo llegar la denuncia a la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, donde solicitó una serie de diligencias, partiendo por instruir a la PDI que investigara y citara a comparecer a los 17 supuestos involucrados, entre ellos al Gobernador José Miguel Carvajal.
Además, solicitó que se remitieran los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto último con el fin de fiscalizar a la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá y a la Fundación Mares Movimiento de Arte y Educación.
Según pudo averiguar este medio, el pasado 13 de junio la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI recibieron desde el Ministerio Público la orden de investigar, contando con 180 días para elaborar los informes policiales y tomar declaración a los denunciados. El plazo establecido concluye el próximo 12 de diciembre y a la fecha van 134 días de una investigación que involucra a las siguientes personas:
- José Miguel Carvajal, gobernador regional de Tarapacá
- Álex Ruiz Cerda, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Tarapacá
- Cristopher Espinoza Matulic, jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE Tarapacá
- Carolina Quinteros Muñoz, jefe de División de Fomento e Industria del GORE Tarapacá
- Alicia Duque González, jefe de División de Administración y Finanzas del GORE Tarapacá
- Gissel Godoy Riquelme, jefe de División de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones del GORE Tarapacá
- Rubén Berríos Camilo, jefe de División de Desarrollo Social y Humano del GORE Tarapacá
- Fernando Ossandón Zubieta, funcionario evaluador del GORE Tarapacá
- Pamela Orellana Clavero, funcionaria de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Tarapacá
- Loreto González Barra, tesorera Fundación Mares
- Fabiola Caucoto Corona, secretaria de Fundación Mares
- Camilo Ortega Prieto, primer director de la Fundación Mares
- Soraya Valdivieso Vega, representante de la Fundación Mares
- Eduardo López Parraguez, funcionario de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE Tarapacá
- Carolina Zepeda Torres, jefa de gabinete del GORE Tarapacá
- Hernán Cornejo Rocabado, representante de la Sociedad Hernán Donato Cornejo SPA
- Raúl Jaramillo Matías, representante de la Sociedad VP Servicios SPA
Declaración del GORE
Este viernes, tras darse a conocer estos antecedentes en Radio Paulina, el área de Comunicaciones del Gobierno Regional de Tarapacá emitió una declaración, señalando que “no ha sido informado o notificado de querella alguna ni de ninguna diligencia investigativa que involucre a este servicio”.
Además, indicaron que los informes de Contraloría sobre los tres proyectos no señalan que “el equipo del Gobierno Regional haya incurrido en hechos constitutivos de delito, ya que, de haber existido aquello, es la propia Contraloría la que debiera haber remitido los antecedentes al Ministerio Público”.
Contrario a lo indicando por el Gobierno Regional, la investigación desformalizada no surge de una querella, sino que de la denuncia interpuesta por el concejal Mamani, la cual activó las diligencias instruidas desde el Ministerio Público a la PDI, las que también contemplan requerimientos de información a la Contraloría General de la República y al Registro Civil.
Nota del Editor: esta es una investigación desformalizada en curso y respecto de las personas investigadas se presume su inocencia.
