El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a 34 integrantes de la organización criminal Los Gallegos, vinculada al Tren de Aragua, tras un extenso juicio oral considerado uno de los más importantes contra el crimen organizado en Chile.
La resolución, alcanzada después de más de tres años de investigación liderada por la Fiscalía Regional de Arica, acreditó la participación de los acusados en graves delitos, entre ellos homicidios, tráfico de drogas y armas, trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita.
De los 38 acusados llevados a juicio, 34 fueron encontrados culpables, 33 de ellos de nacionalidad venezolana y uno chileno.
El fiscal regional Mario Carrera destacó la relevancia del fallo que “estamos conformes con el trabajo realizado, toda vez que se acreditaron los antecedentes que configuraron esta organización criminal vinculada al brazo armado del Tren de Aragua. Los delitos incluyen el homicidio de cuatro personas, tráfico de drogas, asociación ilícita, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, entre otros de gran gravedad”.
Durante el juicio, iniciado el 22 de abril de 2024, se presentaron más de 35 testigos, entre ellos un agente encubierto que infiltró la organización, además de 100 interceptaciones telefónicas, videos y análisis de documentos internos de la banda.
El tribunal estableció que Los Gallegos operaban desde Cerro Chuño, en Arica, utilizando la violencia para controlar territorios y expandir sus operaciones ilícitas a otras zonas del país. Según la Fiscalía, su estructura y modus operandi siguieron un modelo criminal transnacional, con vínculos directos al Tren de Aragua.
El tribunal fijó para el 6 de marzo de 2025 la lectura de las condenas individuales para cada uno de los 34 condenados. La sentencia es considerada un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Absuelven a cuatro acusados, incluyendo a tres mujeres que pasaron más de dos años privadas de libertad
En una jornada clave para el juicio, el Tribunal de Arica absolvió a cuatro de los acusados, entre ellos tres mujeres que estuvieron más de dos años privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de Arica. Las mujeres enfrentaban cargos que no pudieron ser acreditados durante el juicio.
El fallo fue un logro destacado para el equipo de defensores, que adoptó una estrategia basada en la perspectiva de género, argumentando que las mujeres absueltas no eran participantes activas de los delitos imputados, sino víctimas de la organización criminal. Este enfoque resultó determinante para desmontar las acusaciones del Ministerio Público y logró el éxito en este caso, marcando un precedente importante.
El defensor regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, destacó que este veredicto reafirma el compromiso de la Defensoría Penal Pública con la protección de los derechos fundamentales y subrayó que la prisión preventiva, especialmente en casos de vulnerabilidad, debe aplicarse con extrema prudencia. “Haber pasado más de dos años privadas de libertad sin pruebas concluyentes es un llamado a reforzar la presunción de inocencia en todos los procesos penales”, indicó.
El fallo representa un alivio para las personas absueltas y sus familias, pero también invita a reflexionar sobre el uso de la prisión preventiva, especialmente en casos donde las acusaciones no logran sostenerse. La defensa resaltó la importancia de garantizar que los procesos judiciales respeten los principios de equidad y presunción de inocencia.
El tribunal continúa con la deliberación de los demás hechos acusados y la participación de los otros implicados en este proceso, mientras la defensa confía en que prevalecerá el principio de justicia. Este caso destaca el papel esencial de la Defensoría Penal Pública como garante de los derechos fundamentales de los imputados en el sistema penal.
