La Sala de la Cámara de Diputados respaldó y envió a segundo trámite, al Senado, el proyecto que perfecciona la legislación sobre migración y extranjería, otorgando mejoras para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada, ampliar causales de expulsión, fortalecer la seguridad y promover la integración en comunidades y barrios.
En la discusión del proyecto, la diputada Danisa Astudillo (PS) dijo que la iniciativa es el primer paso de las mejoras en la política migratoria nacional y para proteger a regiones fronterizas como Tarapacá.
Por su parte, el parlamentario de la Bancada Republicana, Renzo Trisotti (Ex UDI), valoró el avance de esta iniciativa y pidió que el Gobierno mantenga la urgencia de la tramitación en el Congreso Nacional.
“Acabamos de aprobar una serie de modificaciones que rigidizan la ley migratoria limitando los efectos de ingresos ilegales a Chile y termina con privilegios migratorios en salud y educación”, agregó.
La iniciativa establece una serie de modificaciones a la Ley 21.325. Por ejemplo, señala que el Estado propenderá, en conformidad a la ley, sin desmedro de los derechos de los nacionales, a proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile.
Junto a aquello, establece que, existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. De todas maneras, se valora la contribución de la migración legal, segura y regular para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.
En términos generales, la norma también establece nuevas prohibiciones de ingreso al país, por ejemplo, la causal de condena por violencia intrafamiliar. Además, a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen. O, en los últimos cinco años, por actos que la ley chilena califique de simple delito.
También se amplían las causales de expulsión del país, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como residencia definitiva. Junto a esto, se incorporan nuevas causales de rechazo de permiso de residencia y de revocación del mismo.
Modificaciones a Ley migración
Dentro de las modificaciones a la Ley de migraciones, el proyecto también considera medidas para incorporar los datos biométricos de quienes se encuentren en situación irregular. Igualmente, se modifican las sanciones a los medios de transporte que retrasen o no lleven a cabo medidas de expulsión.
Además, se modifica el Código Penal, para aumentar las penas en contra de quienes promuevan la entrada ilegal al país de personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso. Del mismo, se apunta a quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Otra medida incorporada en el debate legislativo fue establecer la posibilidad de rechazar solicitudes de residencia a quienes hayan sido condenados en reiteradas ocasiones por infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Juzgados de Policía Local.
Derechos de personas migrantes
El proyecto fija un nuevo procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) que entran al país no acompañados o sin documentación. En él se establecen mecanismos de colaboración especial con los países de origen para asegurar el respeto de sus derechos.
En cuanto al acceso a la educación, el proyecto señala que ésta no podrá denegarse a causa de su condición migratoria. Sin embargo, se aprobó una indicación que establece que sí se podrá priorizar para asegurar el derecho de los nacionales. Esta situación generó rechazo en el Gobierno, por lo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se buscará una solución en el Senado.
El texto sí agrega que, tratándose de NNA en una condición migratoria irregular, los establecimientos de educación deberán requerir enrolamiento. El mismo requisito se establece en el acceso a la Salud. En este ámbito también se garantiza que será en igualdad de condiciones respecto de las y los chilenos.
La norma, además, obliga a regular los derechos laborales de las personas migrantes en general. No obstante, la ministra también alertó el riesgo de establecer sanciones penales a los empleadores que incumplan lo establecido. Esto, porque la medida agrava la situación al ser un mal incentivo a la informalidad del trabajo de personas migrantes.
En cuanto a la vivienda, establece que quienes se encuentren en una condición migratoria irregular no podrán subarrendar. Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos. En este marco, se establecen multas a las y los arrendadores que incumplan esta norma.
