La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó la suspensión del procedimiento penal en contra de cinco imputados, por el delito de fraude al fisco y organismos del Estado, en el marco del Caso “Cajas de Alimentos”.
La resolución judicial fue decretada contra los acusados Dimitri Díaz, Ricardo Percic, Marcelo Valenzuela, el empresario Gunter Ziller y María Luisa Lemus, quienes estuvieron investigados por el Ministerio Público por cuatro años.
El fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, explicó a Radio Paulina que algunos de estos particulares aceptaron la suspensión, que fue aprobada por el Juzgado de Garantía en diciembre de 2024.
El persecutor aclaró que la corte ratificó estas suspensiones condicionales, a pesar de la oposición de algunos intervinientes que consideraban que los delitos requerían un juicio oral. Además, se concluyó que las penas y los delitos imputados permitían esta salida.
“En definitiva, se accedió por la corte los términos propuestos estimándose que los cálculos de pena y además los delitos por los cuales se imputaron permitían precisamente arribar a este tipo de salida”, agregó.
Desde el Poder Judicial indicaron a este medio que la suspensión condicional del procedimiento dictada en diciembre se efectuó “tras acuerdo de la Fiscalía y las defensas, donde se fijaron ciertas condiciones que los particulares deben cumplir”.
Tribunal ordena a imputados pagar por daño causado al fisco
Las condiciones incluyen, en general, un período de observación de 1 a 2 años, fijar un domicilio e informar sobre todo cambio del mismo al Ministerio Público, y el pago del 20% del daño causado al fisco por cada acusado, el cual asciende en total a más de $45 millones.
En detalle, el tribunal decretó la suspensión condicional del procedimiento para María Luisa Lemus por el plazo de dos años, con la condición de que el acusado fije un domicilio e informe sobre todo cambio del mismo al Ministerio Público.
En tanto, la suspensión del procedimiento para Dimitri Díaz Neira se estableció por dos años bajo la condición de que fije un domicilio e informe sobre todo cambio del mismo al Ministerio Público.
También se le ordenó pagar el 20% del valor del sobreprecio determinado y que equivale a $15.057.685, además de la obligación de no rebajar a ningún título y las obligaciones tributarias por concepto de las condiciones pactadas.
En el caso de Alexis Percic Becerra, el tribunal estableció dos años de suspensión del procedimiento, fijar un domicilio e informar los cambios al Ministerio Público y el pago del 20% del valor del sobreprecio determinado que equivale a $15.057.685.
A Marcelo Valenzuela Contreras se le decretó la suspensión del procedimiento por 32 meses, fijar un domicilio e informar los cambios al Ministerio Público, el pago del 20% del valor del sobreprecio determinado, debiendo efectuarse dicho pago en favor del fisco de Chile de $7.374.600.
Por último, al empresario Gunther Ziller la Corte de Apelaciones ratificó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.
De igual forma, se le ordenó fijar un domicilio e informar sobre todo cambio del mismo al Ministerio Público y el pago del 20% del valor del sobreprecio determinado, para cada uno de ellos o su empresa, debiendo efectuarse dicho pago en favor del fisco por la suma de $8.281.416, en una cuota.
Asimismo, a cuatro de los cinco imputados, el tribunal decretó la obligación de no rebajar a ningún título y las obligaciones tributarias por concepto de las condiciones pactadas.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.