El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique fijó para el 5 de junio la audiencia del juicio por la demanda de tutela laboral que interpuso la exfuncionaria Claudia Ugarte, contra la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Tarapacá, acusando que fue despedida injustificadamente por “razones políticas”.
La trabajadora se desempeñaba como Asesora en la Oficina de Gestión de Contingencias y Análisis de Datos en la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, desde el 1 de junio de 2019 hasta diciembre de 2024, es decir, durante los tres años en que Daniel Quinteros estuvo en el cargo de delegado presidencial.
Sin embargo, su vínculo laboral cambió el 16 de diciembre de 2024, a sólo un mes de que Ivonne Donoso (PS) asumiera el cargo y a cuatro meses de entrar en vigor la denominada “Ley Karin”. En dicha fecha se le notificó que no se le iba a renovar su contrato para 2025, ya que se contrataría a un profesional en el cargo con “competencias diversas”.
La exfuncionaria sostiene que tal decisión obedeció a una “discriminación basada en razones íntegramente políticas”, la cual estuvo acompañado de “maltrato y acoso laboral” previo al despido de la afectada.
Cabe mencionar que la denunciante tiene cercanía con partidos de oposición, ya que en 2021 se postuló como concejal de Iquique por el pacto Chile Vamos UDI-Independiente. Actualmente, se desempeña como asesora de la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI).
Según la demanda a la que tuvo acceso Radio Paulina, Ugarte fue objeto de “hostigamiento y humillaciones” por parte del equipo de confianza de la delegada Ivonne Donoso, entre ellos, el asesor Gunther Hener y el jefe de Gabinete de la delegación, Manuel Morales, quien asumió el cargo junto a la autoridad regional en noviembre de 2024.
Recordemos que la delegada había defendido el nombramiento de Morales en la repartición regional ante posibles suspicacias. “Todos pueden tener opiniones sobre los nombramientos, pero no puedo negar el compromiso que ha tenido en la región desempeñando labores de autoridad política”, dijo en conversación con este medio.
Funcionaria acusa maltrato y acoso laboral
En la acción judicial, la demandante sostiene que tras la llegada de la delegada Ivonne Donoso y su jefe de Gabinete, se le impidió continuar con sus funciones de manera efectiva y sufrió un menosprecio sistemático.
“Se me impidió desarrollar mis funciones de la manera en que las venía desarrollando hace más de 5 años y se me denostó sistemáticamente (…) la nueva autoridad nunca me recibió ni permitió me acercara para que me conociera y me admitiera entregarle información relevante y que nadie más le reportaría, atendida mis funciones, canales de información y sensibilidad y relevancia de la misma. Nunca pude reunirme con mi jefatura directa, actual delegada presidencial regional de Tarapacá, invisibilizándoseme completamente y discriminándome”, se lee en la denuncia.
La afectada detalla en el escrito que el 16 de noviembre de 2024, día en que asume la delegada junto a su equipo de confianza, comenzaron a surgir una serie de situaciones que afectaron su integridad y desempeño laboral.
En primer lugar, Ugarte mencionó que como encargada de Contingencias y Análisis de Datos debía entregar reportes recurrentemente a su jefatura directa, es decir, la delegada presidencial, pero esto fue realizado sólo a través de mensajería de WhatsApp, ya que no se le permitió la comunicación directa con la autoridad.
Ante esta negativa, la demandante recurrió al jefe de Gabinete, Manuel Morales, para pedirle que fuera el nexo y la delegada la pudiera atender. No obstante, el funcionario la ignoró con tono “burlesco” y la dejó hablando sola. Pese a esto, la afectada siguió enviando reportes a Donoso.
Otro incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2024 durante una movilización y marcha de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Ese día los trabajadores llegaron a la DPR, la funcionaria los recibió y conversó con los dirigentes para coordinar la atención, la entrega de una carta y registrar a las personas que ingresaron a reunión con la delegada, tal como lo había realizado en otras ocasiones.
En ese momento, el jefe de Gabinete le impidió seguir ejecutando las gestiones, ordenándole a la afectada “mantenerse al margen de todo” y no hacer su trabajo. Esto generó una discusión entre Morales y el encargado de la oficina de partes del servicio, Pedro Miranda, quien conocía la gestión de la demandante y “lo útil que ello resultaba para el resguardo de la institución”.
La profesional también relata en la acción judicial que el 3 de diciembre de 2024, el asesor de Gabinete, Gunther Hener, visitó su oficina y realizó una serie de “improperios y descalificativos a policías”, dado que ella tenía en su oficina un mueble con recuerdos, fotografías y galvanos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile.
Lo anterior, causó molestia en la demandante, al punto de preguntarle al asesor cuál era el propósito de su visita. Ante esto, Hener le dijo que necesitaba hablar de sus funciones y le manifestó que quería “formar supuestamente un equipo”.
Asimismo, le instruyó a la funcionaria preparar un informe semanal de conflictos, entregarle todos sus contactos del área de inteligencia de las policías con los que trabajaba y le manifestó en reiteradas oportunidades que “aquí sobra mucha gente”.
El 6 de diciembre de 2024, Ugarte estuvo a cargo de dirigir una fiscalización multisectorial en el borde costero. Además, en dicho procedimiento no estuvo la delegada presidencial, por lo que ella recurrió el jefe de Gabinete para evitar dirigirse a los organismos por no tener la autorización de hablar y de tomar las fotos de rigor.
En esa ocasión, la demandante recibió un fuerte llamado de atención de Morales, quien le recalcó que él era el jefe y “que le quedara claro de una vez por todas, que cuando yo iba a entender”. Según Ugarte, cada vez que se acercaba a hablar con él, “sentía que la retaba por el motivo que fuera y sin mediar provocación”.
Otro incidente que se detalla en la demanda ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando Gunther Hener y Manuel Morales le pidieron un reporte de contingencia. La afectada habló, en primera instancia, con el jefe de Gabinete para pedirle que conversará con el asesor y así evitar la duplicidad de información.
Sin embargo, Ugarte sostiene que el jefe de Gabinete le dijo “porque debo hacerle caso a un subalterno”, refiriéndose despectivamente a su persona e indicando que bastaba con que él tuviera la información porque “él era el jefe y él daba las instrucciones”.
Estos acontecimientos que involucran al jefe de Gabinete y al asesor de la delegada Ivonne Donoso desencadenaron en la demanda que presentó la exfuncionaria el 4 de febrero, acción legal con la que busca que se condene a la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá a pagar una indemnización de $28.395.997.
En tanto, el pasado 17 de marzo se realizó una audiencia preparatoria, donde la magistrada Marcela Díaz escuchó los argumentos de los intervinientes y se declaró competente para conocer los hechos.
Además, la jueza llamó a conciliación a las partes, pero esta no prosperó, procediendo a fijar los hechos, definir los medios de prueba y citar a una audiencia de juicio para el 5 de junio a partir de las 10:30 horas.
