Este lunes comienza la audiencia de preparación de juicio oral contra el exfuncionario del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, Rubén Guisa Castro, y la ex encargada de licitaciones de la Secretaría de Planificación (Secoplac) del municipio, Daniella Vargas Barbaric, en el marco del “Caso Luminarias”.
La audiencia estaba fijada para el lunes 10 de marzo, pero el Ministerio Público pidió postergar la instancia para esta jornada, a contar de las 8:30 horas, para “analizar la acusación y poder preparar un eventual juicio oral, con la prueba pertinente a los imputados”. La petición fue apoyada por los querellantes con la oposición de la defensa privada de Daniella Vargas.
En este caso los exfuncionarios del municipio de Iquique son acusados por delitos como cohecho reiterado, violación de secreto y fraude al Fisco. La Fiscalía pide que Rubén Guisa sea condenado a 541 días reclusión menor en grado medio más la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos y una “multa del duplo del provecho aceptado por el delito de cohecho”.
Para Daniella Vargas el Ministerio Público solicita al tribunal que se le sentencie a 541 días reclusión menor en grado medio más la inhabilitación para cargos u oficios públicos y una “multa del duplo del provecho aceptado por el delito de cohecho”.
También se pide que la imputada sea condenada a 541 días reclusión menor en grado medio más la inhabilitación para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena por el delito de violación de secreto con grave daño a la causa pública.
Se trata de uno de los casos más mediáticos de la última década en Tarapacá. Además involucra a 16 personas por su responsabilidad en delitos de corrupción cometidos entre 2017 y 2020, en el contexto de millonarias licitaciones públicas adjudicadas para el recambio del alumbrado eléctrico en Iquique.
La investigación comenzó a fines de 2017, cuando un denunciante anónimo informó al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, que se estaban produciendo extraños movimientos entre algunos funcionarios municipales y concejales en la licitación para dotar de nuevas y modernas luminarias a la ciudad.
Tras la denuncia formal, la Fiscalía inició un trabajo de intervención de teléfonos y seguimiento de los involucrados, con lo cual pudieron determinar que cuatro concejales, un exseremi y algunos funcionarios estaban en conversaciones para recibir coimas a cambio de hacer ganar a la empresa Itelecom la licitación para el recambio de más de 12 mil luminarias en toda la ciudad, inversión que superó los 6.500 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que funcionarios públicos de esa época y otros particulares que actuaron como intermediarios, los que permitieron que las empresas Itelecom y Elec tomaran conocimiento de las bases de licitación y adecuaran sus propuestas a las mismas, elevando los costos de aquellas y ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados, asegurándose las adjudicaciones de las licitaciones.
De acuerdo a la investigación fiscal, este acuerdo entre los involucrados, permitió a Itelecom aumentar el valor de la oferta para la licitación en 500 millones de pesos, con los que pudo financiar el pago de los sobornos respectivos.
Los responsables de la citada firma, por medio de intermediarios, ofrecieron beneficios económicos a funcionarios públicos de esa municipalidad para que actuaran en su beneficio en cada una de las etapas del proceso de licitación, la cual les fue adjudicada en noviembre de 2018 por un monto de $3.112 millones.
Autoridades y privados condenados en “Caso Luminarias“
En este caso han sido condenados en febrero de 2024 el exintendente regional de Tarapacá y exconcejal de Iquique, Mitchel Cartes, a 3 años y un día de presidio y 718 días de presidio menor en grado medio, como autor de los delitos de fraude al Fisco y cohecho reiterado.
Mientras que el ex seremi del Deporte, Johan Viera, fue condenado a fue condenado por los delitos de soborno reiterado y lavado de activos, recibiendo penas de 3 años y un día y 541 días de presidio, respectivamente, y una inhabilitación para cargos o empleos públicos por 10 años. Además, se le impuso una multa de 50 UTM.
El exconcejal de Iquique, Arsenio Lozano, fue condenado a 718 días de presidio, por como autor de los delitos de fraude al Fisco y cohecho reiterado.
En marzo de 2024, el exconcejal Guillermo Cejas fue sentenciado a 3 años y un día, 541 días por fraude al fisco, cohecho reiterado, además fue condenado a 150 días por lavado de activos. Al aceptar los cargos y someterse a un juicio abreviado, Cejas recibió una remisión condicional de la pena y quedó exento de pagar costas. Se le impuso una inhabilitación para ocupar cargos públicos y una inhabilitación perpetua de derechos políticos, por un total de 20 años.
En cuanto al exfuncionario municipal Tomás Vodnizza, fue condenado a 3 años y un día, dos penas de 300 días y 61 días de presidio por fraude al fisco, cohecho reiterado, lavado de activos y violación de secreto. También recibió una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos y una inhabilitación de derechos políticos.
También fue condenado el privado José Hidalgo Abarzúa a la pena de 541 días de presidio por el delito de lavado de activos.
En julio de 2024, Felipe Arenas Lamas, exconcejal de la comuna de Iquique, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio, y a 718 días, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Recientemente, en febrero pasado, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó a Marcelo Lefort, gerente general de la empresa Itelecom, a 3 años y un día y 711 días de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y soborno reiterado.
