Este lunes, el pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, por su presunta participación en la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios. La decisión ratifica el fallo emitido el pasado 20 de febrero por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió la solicitud del Ministerio Público.
Con esta resolución, la parlamentaria pierde su inmunidad parlamentaria y podrá ser formalmente acusada por el delito de fraude al Fisco, en relación con los convenios por un total de $426 millones firmados entre el Ministerio de Vivienda en Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
Según la Fiscalía, Catalina Pérez habría intervenido en la firma de estos convenios, manteniendo vínculos personales y políticos con dos de los principales imputados: su expareja, Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta.
Entre las acusaciones se incluyen:
- Facilitación de fondos públicos a Democracia Viva, infringiendo el principio de probidad administrativa.
- Manipulación de convenios en favor de la fundación, que no contaba con experiencia para ejecutar los proyectos.
- Encubrimiento y destrucción de evidencia tras la revelación del caso.
- Coordinación con los imputados para definir estrategias de defensa y ocultar los hechos.
El Ministerio Público presentó mensajes de WhatsApp, testimonios y documentos que, según sostiene, respaldan la participación activa de la diputada en los hechos investigados.
Al respecto, la ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, dio lectura al fallo, el cual fue visado por la unanimidad de sus miembros.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez ha negado todas las acusaciones. Su defensa, encabezada por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, argumenta que no existen pruebas concluyentes que la vinculen como autora del delito y que su relación con los imputados no prueba su participación directa en la adjudicación de los convenios.
En un comunicado, la defensa afirmó que el fallo “no implica culpabilidad”, y explicaron que el desafuero se hará efectivo una vez que la Corte Suprema notifique a la Cámara de Diputados, lo que implicará que la diputada deberá ausentarse de sus funciones legislativas mientras continúa la investigación penal.
“Como siempre lo ha hecho, la diputada seguirá colaborando con la investigación del Ministerio Público”, aseguraron, reafirmando su convicción de que es inocente y que “jamás ha cometido el delito de fraude al Fisco”.
