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La Mañana por Paulina
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Comisión de Libertad Condicional de Iquique revisará 336 solicitudes este miércoles

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Iquique llevará a cabo una sesión este miércoles 9 de abril para revisar un total de 336 solicitudes de internos que postulan al beneficio de la libertad condicional. Estas solicitudes fueron propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción.

En esta sesión, se revisarán las solicitudes y los informes técnicos presentados por Gendarmería de 187 internos del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, 144 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, y 5 internos del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte. Esta revisión corresponde al primer semestre de 2025.

La Comisión de Libertad Condicional es presidida por la ministra Marilyn Fredes Araya y está compuesta por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Rodrigo Villar y Loreto Jara, así como los jueces del Juzgado de Garantía de Iquique, Tamara Muñoz y Ricardo Leyton, además del secretario (s) del tribunal de alzada, Alfredo Gahona.

El trabajo de la comisión está regulado por el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124, que establece que para postular a la libertad condicional se deben cumplir ciertos requisitos, como haber cumplido la mitad de la condena, haber mantenido una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe psicosocial elaborado por un equipo profesional de Gendarmería.

Una reciente modificación normativa, publicada el 9 de noviembre de 2023, establece que Gendarmería de Chile debe informar al tribunal correspondiente sobre los postulantes a la libertad condicional, y este tribunal debe notificar a las víctimas de dichos postulantes, quienes pueden presentar alegaciones por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional. En esta sesión se presentaron 13 escritos de víctimas.

La comisión, que se reúne en abril y octubre de cada año, tiene como función evaluar la viabilidad de la reinserción social de los postulantes, teniendo en cuenta los riesgos de reincidencia y la conducta mostrada durante su tiempo en prisión.

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