La reciente destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha encendido las alarmas en el Congreso, al abrir la puerta a que otros legisladores puedan perder sus cargos por mantener contratos con el Estado durante su mandato.
El TC aplicó por primera vez de forma tajante el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación inmediata del cargo para aquellos parlamentarios que celebren contratos con organismos estatales, ya sea directa o indirectamente. Esta inédita decisión podría sentar un precedente con efectos de alto impacto político.
Una investigación de The Clinic identificó a varios legisladores que han mantenido vínculos contractuales con el Estado a través de empresas propias o de familiares cercanos. Entre ellos, destaca el senador Juan Castro Prieto (PSC), vinculado a la Constructora Indemma, empresa controlada por su familia que ha recibido más de $3.000 millones en contratos con instituciones públicas.
Otro caso es el del diputado Fidel Espinoza (PS), quien integró hasta 2018 la sociedad Difusora Fresia Limitada, la cual obtuvo cerca de $14 millones en contratos con municipios de la Región de Los Lagos.
También figura el diputado Jaime Mulet (FRVS), relacionado con la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, que opera una radio en Vallenar y ha firmado convenios con municipalidades y servicios públicos de la Región de Atacama.
A esta lista se suma la diputada Ximena Ossandón (RN), quien participa como socia en la empresa Enersur SPA, dedicada a la energía solar, que ha obtenido licitaciones con instituciones estatales, incluyendo una adjudicación de más de $50 millones con Gendarmería de Chile.
Si bien algunos parlamentarios aseguran haber renunciado a sus sociedades o traspasado la gestión de sus negocios antes de asumir sus cargos, el reciente fallo del TC pone en duda si estas acciones son suficientes para cumplir con lo que exige la Constitución.
La resolución sobre Isabel Allende ha reactivado el debate sobre los límites éticos y legales de la relación entre el poder legislativo y el aparato estatal, y ha instalado un clima de incertidumbre en el Congreso ante la posibilidad de futuras inhabilitaciones.
