Gobernador Carvajal contra las cuerdas: Corte de Apelaciones de Iquique confirma que adeuda $20 millones de su primera campaña

El tribunal de alzada confirmó la sentencia del 2° Juzgado de Letras que obliga a José Miguel Carvajal Gallardo, gobernador regional de Tarapacá, a pagar $19.270.000 a un diseñador gráfico que trabajó en su campaña electoral de 2021. Las facturas impagas fueron declaradas por el propio Carvajal ante el SERVEL, organismo que le reembolsó el dinero. El proveedor nunca lo recibió.

La Corte de Apelaciones de Iquique cerró la semana pasada una historia que mezcla impagos, reembolsos electorales y cuatro años de silencio institucional. El pasado viernes la Primera Sala del tribunal —integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Guiza Gutiérrez y Andrés Provoste Valenzuela— confirmó sin modificaciones la sentencia dictada el 20 de febrero pasado por el 2° Juzgado de Letras de Iquique en contra del Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, por una deuda de $19.270.000 más reajustes e intereses.

Según se detalla en la denuncia, el dinero corresponde a servicios de producción audiovisual y diseño gráfico prestados durante su campaña electoral del año 2021, facturas que Carvajal jamás pagó a su acreedor, Ernesto Andrés Valenzuela Pérez, pero que sí declaró ante el Servicio Electoral (Servel) y por las cuales habría recibido el reembolso estatal.

La campaña, las facturas y el silencio

Ernesto Valenzuela Pérez es diseñador gráfico. Entre mayo de 2020 y agosto de 2021, trabajó para la campaña que llevó a José Miguel Carvajal a la gobernación regional. Los registros del juicio son minuciosos: 46 capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp entre las partes, decenas de correos electrónicos con diseños, videos e instrucciones del propio Carvajal, fotografías del rodaje y material publicado en las redes sociales del entonces candidato. La relación de trabajo no estaba en disputa; lo que Carvajal negó, desde el primer momento, fue la deuda.

Valenzuela emitió dos facturas electrónicas. La número 107, por $10.770.000, correspondía a producción audiovisual, pre y postproducción, videos y piezas gráficas por el periodo total de campaña. La número 108, por $8.500.000, detallaba 30 jornadas de rodaje en 4K con cámara Blackmagic Ursa Mini Pro G2, 40 jornadas de postproducción, animación motion graphic 2D y diseño gráfico. Ambas fueron emitidas a crédito. Ninguna fue pagada.

Cada vez que Valenzuela reclamaba el pago, Carvajal ignoraba sus mensajes. De acuerdo con el relato de la causa, llegó un momento en que la autoridad dejó de responder llamadas. Como consecuencia, el diseñador terminó suscribiendo un convenio con la Tesorería General de la República para cancelar el IVA de las facturas impagas —el impuesto que él sí debía enterar al fisco, aunque el cliente no le hubiera pagado—, repartiéndolo en cuotas mensuales. La deuda ajena se transformó, a través de esa mecánica perversa, en una carga propia.

El reembolso que no llegó al proveedor

Lo más grave del expediente no está en el impago. Está en lo que Carvajal hizo después.

En octubre de 2021, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) emitió la Resolución N° G01781, mediante la cual aprobó el reembolso de gastos electorales de la candidatura de José Miguel Carvajal. Entre los gastos declarados figuraban, de manera explícita, las facturas N° 107 y N° 108 de Ernesto Valenzuela Pérez. Los oficios N° 0479 y N° 0738, emitidos por el SERVEL en marzo y abril de 2025 respectivamente —y acompañados como prueba al juicio—, confirman que ambas facturas fueron efectivamente incluidas en la contabilidad electoral del demandado y que el reembolso fue procesado.

Carvajal declaró como gasto electoral un servicio que no había pagado, recibió el reembolso del Estado por ese concepto y siguió sin pagar. Su hermano Carlos José Carvajal Gallardo, actual diputado, había sido designado como administrador electoral de la campaña.

La sentencia de primera instancia, dictada por la jueza Patricia Alejandra Shand Scholz, fue directa: acreditada la existencia de la obligación mediante la prueba documental y testimonial, y no habiendo el demandado probado el pago, la demanda debía acogerse. Un testigo presentado por Carvajal —un fotógrafo que declaró que la deuda “fue pagada en efectivo una vez que el SERVEL restituyó los dineros”— no fue suficiente para revertir el peso del expediente.

Una deuda que se intentó enterrar

La causa tiene una historia previa. En el 3° Juzgado de Letras de Iquique tramitó la causa C-878-2025, donde Carvajal fue citado a confesar la deuda y la negó. La sentencia del 2° Juzgado registra ese antecedente sin ambages.

Tras la sentencia del 2° juzgado el expediente ingresó a la Corte de Apelaciones el 12 de marzo de 2026, bajo el Rol Civil N° 179-2026. Ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia. La abogada de Carvajal, Verónica del Carmen Amas Amas, intentó incluso que se declarara inadmisible el recurso de apelación del propio demandado —argumentando que carecía de peticiones concretas en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil—, pero la Corte rechazó esa solicitud el 16 de marzo. La causa sufrió dos suspensiones de vista —el 24 de abril y el 8 de mayo— antes de llegar finalmente a alegatos el 15 de mayo. Ese mismo día, la sala resolvió confirmar la sentencia apelada, ordenando registrarla y devolverla al tribunal de origen.

El estado procesal a partir del viernes 15 de mayo es “Fallada-Terminada“, con lo que la causa retorna al 2° Juzgado de Letras para su cumplimiento en el proceso de cobranza.

El gobernador y sus deudas

José Miguel Carvajal asumió como gobernador regional de Tarapacá en noviembre de 2021, pocas semanas después de que el SERVEL le aprobara el reembolso de las facturas impagas. Ha sido reelecto y hoy continúa en el cargo. A la fecha, la Fiscalía Regional de Tarapacá investiga paralelamente a la plana mayor del Gobierno Regional —incluido el propio Carvajal— por presuntos delitos de corrupción vinculados a los programas “500 Cabildos”, “Navidad Mágica” y una cena de 2022. La corporación que preside obtuvo en 2025 un índice de cumplimiento en transparencia activa de solo 33,7%, el nivel más bajo de la escala.

Ernesto Valenzuela Pérez, mientras tanto, lleva cuatro años esperando que le paguen por los videos, los logos y las noches de rodaje que ayudaron a que José Miguel Carvajal llegara a la gobernación. Ahora, la Corte de Apelaciones de Iquique acaba de decirle que tiene razón.

Radio Paulina intentó consultar a la Dirección Regional del Servel sobre las facturas impagas que fueron declaradas por el entonces candidato Carvajal y si estas fueron reembolsadas por el organismo electoral. Desde el servicio indicaron al cierre de esta edición que las preguntas fueran remitidas a una casilla de correo electrónico.

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La Mañana por Paulina