La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite en el Senado el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo, una iniciativa que busca llevar la remuneración básica a $539.000 mensuales para enero de 2026. El texto también contempla ajustes en las asignaciones familiar y maternal, así como en el subsidio único familiar.
El incremento se realizará en dos etapas. A partir del 1° de mayo de 2025, el salario mínimo para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años se elevará a $529.000. Posteriormente, el 1° de enero de 2026, alcanzará los $539.000. Para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el primer ajuste será a $394.622 este 2025, llegando a $402.682 en enero de 2026.
La aprobación de la iniciativa es el resultado de un acuerdo previo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un punto que fue destacado durante la discusión en la Sala.
Sin embargo, sectores de oposición expresaron sus críticas, alertando sobre el posible aumento en los costos de contratación que generará la medida, lo que podría afectar directamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) e, incluso, incrementar la informalidad laboral.
Sostuvieron que el crecimiento de los salarios debe ir de la mano con el aumento de la productividad y la reducción de la inflación, áreas donde, según ellos, el Gobierno no ha demostrado una gestión efectiva. Por ello, insistieron en la necesidad de mejorar el subsidio temporal para las pymes, contenido en el proyecto, y de implementar medidas que fomenten la contratación en este sector.
Desde el oficialismo, se valoró el aumento sostenido del salario mínimo desde el inicio del Gobierno y se descartó que estas medidas generen desempleo. Se argumentó que la norma representa un aporte significativo a largo plazo para las pensiones y que el incremento es necesario y regulado, no fruto de un “clima político del momento”.
La ministra de Hacienda (S), Heidi Berner, y el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, destacaron la fórmula de cálculo del reajuste, que considera inflación pasada y proyectada, asegurando que los trabajadores no perderán poder adquisitivo.
Entre otros aspectos relevantes, el proyecto contempla la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) para mantener el precio del kerosene por debajo de los $1.050.
También busca dar un carácter más permanente al Observatorio sobre Ingreso y Condiciones de Vida de los Trabajadores y propone un subsidio para micro, pequeñas y medianas empresas en caso de que la variación del salario mínimo supere la inflación efectiva de 2025.
Finalmente, se suma un nuevo criterio para la asignación de recursos destinados a proyectos de formación sindical y diálogo social, con el objetivo de fortalecer los derechos laborales.
