La Defensoría de la Niñez ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante la aprobación del informe final de la Comisión Especial Investigadora N°57 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este documento recomienda la “suspensión inmediata de la ejecución del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG)”.
El informe, que fue respaldado con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, también propone que el Ministerio de Salud (Minsal) instruya a la red pública a no iniciar nuevos tratamientos hormonales —como el bloqueo puberal u hormonación cruzada— en menores de edad, independientemente de si han sido diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o género no conforme. Además, sugiere entregar atención adecuada a los menores que desistan o detransicionen.
Entre las recomendaciones del informe también se incluyen modificaciones legales para prohibir el ingreso a estos programas a menores de 14 años, eliminar el enfoque de género afirmativo y disponer que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico. Asimismo, se plantea que los tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse en personas mayores de 18 años.
La postura de la Defensoría de la Niñez
En una contundente declaración, la Defensoría de la Niñez afirmó que “negar la existencia de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme es una manifiesta vulneración a sus derechos fundamentales”.
El organismo remarcó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado que los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ se encuentran entre los grupos de mayor vulnerabilidad, siendo víctimas de discriminación, estigmatización y violencia en mayor medida que sus pares.
Por lo tanto, subrayaron que estos niños, niñas y adolescentes “requieren una protección reforzada desde el Estado, a través de todos sus estamentos, y no retrocesos en las políticas públicas que garantizan dichos derechos”.
La Defensoría calificó de “altamente preocupante” que en la votación del informe se hayan realizado intervenciones que “apuntaron a la invisibilización, incluso a la negación de la niñez trans o género no conforme, puesto que ello contribuye a la generación de discursos de odio y violencia”.
Ante esto, la institución evalúa acciones al respecto, argumentando que el Congreso Nacional y sus integrantes deben actuar como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, con obligaciones reforzadas de protección.
Finalmente, el organismo lamentó que se recomendara la eliminación del PAIG en lugar de sugerir “una evaluación técnica, seria y rigurosa, con participación de las y los usuarios, para mejorar una política pública con base en los resultados”.
Criticaron que “hubo una ausencia absoluta de participación de los niños, niñas y adolescentes en esta evaluación y debate, y ello no se condice con los avances normativos, tanto nacionales como internacionales, en su reconocimiento como sujetos de derechos”.